La Comisión de Desarrollo Social de la Cámara Baja aprobó la idea de legislar el proyecto impulsado por parlamentarios para modificar el otorgamiento de pensiones de gracia, al que el Gobierno le ingresó indicaciones para revertirlo cuando se trate de personas con antecedentes penales, luego de que se conocieran al menos seis casos de beneficiarios víctimas del estallido social que han cometido delitos.
Este fin de semana se conoció el caso de José Jesús Véjar, quien estaba condenado a cinco años presidio por el homicidio de un recolector de basura en 2014. A este se le asignó en 2022 una pensión de gracia vitalicia equivalente a dos sueldos mínimos no remunerados, es decir, alrededor de 600 mil pesos mensuales.
De esta manera, los agregados del Ejecutivo buscan revertir e invalidar las pensiones de gracia a quienes, una vez que que se les otorgó, cometan delitos; y establecer como requisito a futuro la revisión de los antecedentes para el otorgamiento de éstas, pero sin prohibir su entrega en esos casos.
La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, señaló que las pensiones de gracia "están reguladas por un reglamento que terminó de redactarse en enero del año en que asumimos, es decir, antes de asumir, y hemos funcionado de acuerdo a la ley y el reglamento".
"Ahora, la pregunta que uno se hace es si ese reglamento y esa ley nos gusta en la actualidad o no, y nosotros tomamos la decisión como Gobierno de que no nos gusta y que la vamos a cambiar, por los efectos que tiene", aseguró.
"Creo que la sociedad ha dado como una discusión pública, al menos, que el Gobierno ha entendido, pero son algo que se ha venido haciendo desde el gobierno anterior, que nosotros también hicimos, que se entregaron pensiones de gracia de acuerdo a lo que establece el reglamento y la ley", reiteró.
DERECHA DEPLORA INDICACIONES "INDIGNANTES Y PROVOCADORAS"
El diputado Andrés Longton (RN), presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, deploró que, al revisar el detalle, "las indicaciones del Gobierno son tremendamente indignantes y es una provocación".
A su juicio, La Moneda está "avalando y protegiendo a las personas a cuales ellos le entregaron pensiones de gracia y les subieron al doble su valor, alguna incluso llegando a los 600 mil pesos", y con la modificación propuesta "resulta que ahora quieren mantener esas pensiones a estos delincuentes condenados y quieren que todo opere hacia el futuro".
En el oficialismo, el diputado Jaime Naranjo (PS) comentó que en la oposición "tienen todo el derecho, no solamente ellos, sino que cualquier ciudadano en el país, de no aceptar estos errores administrativos, o de poca experiencia, o de poca acuosidad para estudiar a las personas, porque creo que le han hecho un tremendo daño al Gobierno, este poco interés de estudiar las cosas bien, y creo que es un daño irreparable".
El diputado Luis Cuello (PS) puso énfasis en no quitarles las pensiones de gracia a todas las personas, sino que se evalúen los antecedentes del caso.
"No es bueno descartar, en general, a toda persona que tenga antecedentes penales. Es una discusión muy fina, porque hay que tener en cuenta cuáles son los delitos, cuáles son los antecedentes, o sea, no cualquier antecedente penal inhabilita o inhibe que se otorgue una pensión cuando una persona ha sido víctima de una violación de sus derechos por parte de agentes del Estado", argumentó.
DEBATE EN LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
Durante esta tarde, los parlamentarios momentos de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara Baja reflexionaron respecto de la necesidad de cambiar este marco normativo, no sólo hacia el futuro, sino que también hacer una revisión de las pensiones que se han entregado.
"Si les entregamos a asesinos, a personas que atentaron contra la integridad de carabineros, creo que aquí hay un mal uso de esta herramienta. Yo creo que esto implica una revisión total de los 18 mil beneficiarios, porque estos los que sabemos es porque han salido en la prensa", analizó el diputado de Republicanos Cristián Araya.
Mientras que su par Marlene Pérez (Ind-UDI) afirmó que "este proyecto es para que nunca más se cometan los errores que se han cometido de entregar pensiones de gracia a quienes no le corresponde en el gobierno anterior, en este gobierno y en los siguientes".
"Lo que viene sucediendo en Chile, y que por cierto acepto la cuota de responsabilidad que también le ocupa a mi gobierno, es algo que nosotros de verdad tenemos que empezar a afrontar de la mejor manera", analizó, por su parte, el diputado Francisco Undurraga (Evópoli).
En opinión del parlamentario, "no solamente es cómo se les otorga las pensiones de gracia a los individuos que la solicitan, sino adicionalmente cuáles son los requisitos. Al menos nosotros deberíamos ver un transitorio para poder mirar para atrás y el Ejecutivo así no lo plantea".
TRES RECHAZOS OFICIALISTAS
La referida instancia parlamentaria aprobó la idea de legislar del proyecto, refundido en uno en base a tres propuestas opositoras, y que recibió las indicaciones del Gobierno. No obstantr, hubo tres votos en contra, todos oficialistas: la independiente de la bancada del Frente Amplio Clara Sagardia, la militante de Comunes Claudia Mix y su par comunista María Candelaria Acevedo.
Acevedo defendió que "a nadie se le está entregando una pensión de gracia por el solo hecho de ser delincuentes, como se les llama, sino que también hay una afectación porque el Estado en su conjunto violó sus derechos humanos", por lo que, razonó, "independientemente si (el beneficiado) fue delincuente o no, yo creo que si fueron así, ellos ya han pagado su tema con la sociedad".
La votación en particular comenzará en las siguientes sesiones.
MONSALVE NO ASISTIÓ Y GENERÓ LA MOLESTIA DE LA COMISIÓN
El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, no asistió a la sesión de la Comisión de Desarrollo Social y provocó molestia en los parlamentarios, ya que ellos pretendían generar un debate con el personero de Gobierno.
En representación de Monsalve estuvieron presentes dos abogadas, sin embargo, ellas no estaban facultadas para realizar un debate político en nombre del Gobierno.
