La acusación constitucional que presentará este lunes la oposición contra Marco Antonio Ávila contiene siete capítulos de infracciones, la mayor cantidad que ha enfrentando alguna vez un ministro de Educación.
El libelo surgió a fines del mes pasado como una bandera de parlamentarios evangélicos -diputados Sara Concha y Francesca Muñoz (Partido Social Cristiano), Karen Medina (Partido de la Gente) y Eduardo Durán (RN)- que le cuestionaban al titular los planes de educación sexual, pero el texto final fue el resultado de una negociación entre varias bancadas opositoras, que obligó a incluir puntos críticos que cada grupo le reprochaba a la gestión de Ávila, de acuerdo con La Tercera.
Una minuta que circuló ayer domingo en el sector sostiene que la acusación apunta a la "inacción del ministro para reaccionar ante esta crisis en el sistema educativo, y constatándose actuaciones que constituyen, en primer lugar, una infracción al derecho preferente de los padres a educar a sus hijos (...) asimismo, infracciones a otros cuerpos normativos de rango legal".
"Es preciso insistir en que lo que fundamenta la acusación constitucional es la gestión educativa del ministro. Nada tiene que ver esta herramienta con su orientación sexual", afirma.
Las dos primeras causales aluden a los programas de educación sexual que impulsa el Mineduc: el capítulo I señala una infracción del derecho preferente de los padres a educar a sus hijos con ocasión de la implementación de las "Jornadas de Educación No Sexista"; y el II acusa una infracción del derecho preferente a propósito de las guías "Orientaciones para el resguardo del bienestar de estudiantes con identidades de género y orientaciones sexoafectivas diversas en el sistema educativo de Chile", que fueron actualizadas en mayo pasadosuprimiendo los aspectos más polémicos, como los ejercicios para menores de edad.
No se incluirá, sin embargo, el caso de los abusos sexuales denunciados en una escuela en Talcahuano, Región del Biobío, dado que ocurrieron en el marco de un operativo de salud que era responsabilidad de la municipalidad y las autoridades sanitarias locales.
La causal III plantea una infracción de la Ley General de Educación al excluir a los estudiantes con discapacidad de la "Política de Educación Inclusiva"; y la IV, al rol de autoridad y conducción del sector educativo, reprochando asuntos como el retraso injustificado en la entrega de los resultados del Simce, el ausentismo y la deserción escolar, problemas en la infraestructura educativa y el deterioro de la calidad educacional.
El capítulo V apunta a un incumplimiento del rol de supervigilancia sobre la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) con ocasión del inserto de información sobre "educación no sexista" contenido en los cuadernos entregados a los estudiantes del sistema público; y el VI, una infracción similar relativa a irregularidades detectadas en los programas "de Alimentación Escolar" y "de Alimentación Parvularia" de esa institución.
Durante la noche fue incorporado la causal VII, que señala problemas de implementación de los Servicios Locales de Educación, que el texto tacha como un "incumplimiento de la ley".
OPOSICIÓN CERCA DE LOS VOTOS NECESARIOS
La presentación de una acusación constitucional requiere sólo 10 firmas de diputados, umbral que en este caso fue superado con creces. El proceso contra Ávila cuenta con el respaldo de todas las bancadas opositoras, salvo de Evópoli, que al menos hasta ayer no había resuelto su postura.
Con todo, si todos los comités opositores e independientes de derecha actúan en conjunto llegarían a 70 votos (23 de la UDI, 23 de RN, cuatro de Evópoli, 12 de Repulicanos, siete independientes-socialcristianos, además de Gonzalo de la Carrera); y a 71 en caso de sumarse la PDG Karen Medina, que firmó el libelo a título personal.
Las acusaciones contra secretarios de Estado requieren sólo la mayoría de los diputados presentes en Sala (78 si están todos presentes) para que el libelo sea visado, en cualquiera de sus capítulos, y pase al Senado, que luego debe actuar como jurado.
"UN MUY MAL MINISTRO"
En la víspera, el diputado de la UDI Juan Manuel Fuenzalida reprochó que "hemos visto cómo han focalizado el tema de la educación en estos famosos manuales asociados con la ESI (educación sexual integral)".
Además, aseguró que "no es un tema que diga relación con su condición u opción sexual, nada que ver; y no sigan utilizando ese fundamento para proteger, so pretexto de esa condición, a un muy mal ministro".
Su par Marcia Raphael, subjefa de la bancada de RN, acusó que Ávila "ha vulnerado el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, y ha tenido una agenda deficitaria en temas como la reactivación educativa y en enfrentar los desafíos en la calidad, con programas que no han dado el ancho".
"El ministro y el Gobierno han puesto sus esfuerzos en una agenda ideológica de educación sexual que no representa en lo más mínimo las demandas de las familias chilenas, y menos, las urgencias en educación", agregó.
Desde el oficialismo, en tanto, cuestionaban que "es importante recalcar que aún no conocemos los antecedentes y su justificación, llevamos un mes escuchando que van a presentar esta acusación", dijo la diputada Daniela Serrano (Partido Comunista).
"El llamado a la oposición es a hacerse responsables. Permitan ver el estado en que se encuentra la educación pública, más que enfocarse sólo en una acusación que pareciera no existir", emplazó.
