El alcalde de Santiago se refirió a la intención de la UDI de presentar un proyecto que sancione a los estudiantes que hagan destrozos en sus colegios.
"Va en la línea correcta", afirmó el jefe comunal.
El alcalde Alessandri apoyó la iniciativa que busca impulsar la UDI y que también fue respaldada por el Gobierno.
El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, aseguró que "le gusta la idea" respecto al proyecto -impulsado por la UDI y respaldado por el Gobierno- que busca sancionar a quienes hagan destrozos en los colegios con la pérdida del beneficio de gratuidad para la educación superior, en el marco de las tomas que han ocurrido en los últimos meses en establecimientos secundarios.
"Nosotros creemos que va en la línea correcta. A los colegios públicos se va a estudiar. Santiago es el municipio que más invierte en educación a nivel nacional. Nosotros nos hacemos cargo de la educación, pero también demandamos a los estudiantes que también cuiden sus establecimientos", sostuvo el jefe comunal.
La autoridad agregó que "las consecuencias sobre la gratuidad tendremos que ver cómo finalmente queda el proyecto de ley, pero a mí en principio, me gusta la idea de hacerlos responsables. Tendremos que ver cómo se da la discusión legislativa, en el Congreso".
En tanto, el diputado UDI Javier Macaya, promotor de la iniciativa, detalló que "éste es un proyecto que va en la línea de lo que está haciendo el Gobierno en materia de orden público, así que esperamos que también tengamos la posibilidad de discutir esta materia con profundidad en el Congreso".
"Los derechos, en concepto básico de Derecho Civil, van siempre de la mano de una obligación. Hay obligaciones correlativas a los derechos, no son gratuitos. No puede ser normal que los colegios permanezcan en toma, muchas veces sin razones justificadas", añadió el parlamentario.
Estudiantes temen estigmatización
El municipio de Santiago es el que más ha registrado tomas en sus establecimientos educacionales secundarios con daños millonarios.
Entre esos, está, por ejemplo, el Liceo Amunátegui que resultó quemado en un incendio y que tuvo que cerrar sus puertas y reubicar a sus alumnos mientras realizan las reparaciones, además del Instituto Nacional, caso por el que se presentó una demanda civil por más de dos millones de pesos.
Vicente Salinas, presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional, explicó que "nos preocupa particularmente de qué organismos se van a servir para determinar si un estudiante ha participado efectivamente o no de desmanes, porque sería tremendo, y muy probable, que caigamos lejos de un debido proceso, en una suerte de estigmatización".
"Acá lo que se está haciendo es de alguna manera intentar transar un derecho, es legitimarlo mediante el cometido de algunos de estos actos, siendo que la verdad es contraproducente, porque precisamente castigamos a que la educación pueda integrar a las personas de la sociedad. El negárselas de alguna manera, está siendo contraria a esta idea", añadió el dirigente estudiantil.
Senador Montes (PS): La medida puede ser "para peor"
Desde la oposición ya manifestaron su rechazo a esta iniciativa.
El senador Carlos Montes (PS) indicó que "lo serio es preocuparse de entender por qué se provocan estos destrozos y lo serio es enfrentar las causas de esto. Ponerse a reprimir a los estudiantes, la vida enseña de que eso es para peor, y, por lo tanto, tenemos que encontrar estas soluciones, abrir los espacios de dialogo, de entendimiento y de responsabilidad".
"Un enfoque represivo, lo más probable es que no tenga éxito", comentó.
