También llamadas “prácticas de disciplina punitiva” como dejarlo sin recreo, prohibir la participación en alguna actividad, suspenderlo o expulsarlo del colegio.
Expertos proponen fortalecer los equipos de convivencia escolar y generar una cultura dialogante.
Una investigación Fondecyt publicada recientemente observó que dos de cada diez escolares han recibido algún castigo o sanción catalogados como punitivos o de ordenamiento, las que pueden afectar la vida de los alumnos.
Según lo informado en El Mercurio, el estudio llamado "La inclusión excluyente: Microprácticas de segregación y exclusión en la disciplina escolar chilena", realizó un seguimiento durante cuatro años sobre las prácticas de exclusión y segregación en más de 3.840 recintos escolares y las consecuencias que pueden tener.
Verónica López, directora del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva y académica de la Universidad Católica de Valparaíso, y quien lideró la investigación, explicó que "las practicas punitivas (de exclusión) y de ordenamiento académico (de segregación) son de uso frecuente en las escuelas del país y surgen para lidiar con la diversidad de estudiantes en un sistema educativo que exige conseguir estándares comunes. Y aunque hemos cambiado la forma de castigar en las aulas, porque ya no es frecuente el castigo corporal (en épocas anteriores estaba normalizado que los docentes golpearan a los alumnos), aún son muy comunes este otro tipo de sanciones".
Las "prácticas de disciplina punitiva" que más se repiten son: pedirle al estudiante que salga de la sala, dejarlo sin recreo, prohibir la participación de alguna actividad, enviarlo a inspectoría, cambiar de curso, suspenderlo o expulsarlo del colegio.
"Estas prácticas tienen consecuencias para el rendimiento y la permanencia en el sistema escolar, ya que afectan y aumentan la deserción", advirtió.
Por otro lado, el director del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile y coautor del trabajo, Juan Pablo Valenzuela, señaló que "el uso de prácticas disciplinarias punitivas no debería ser más una característica de la cultura educativa".
No obstante, apuntó a que "eso no implica que no tengan que existir prácticas disciplinarias que deban estar en el manual de convivencia escolar y que son mecanismos complementarios de estrategias y una cultura dialogante y participativa, donde se buscan medidas reparatorias y de espacios democráticos".
En ese sentido, los expertos precisaron que sugerencia es que las comunidades educativas tomen conciencia de los efectos para la trayectoria del estudiante y la misma escuela. Y proponen como buenas prácticas: "Fortalecer el rol de los equipos de convivencia escolar, que trabajen articuladamente con las inspectorías, y que se dé el espacio y el tiempo a los docentes jefes y de asignatura en el aula para que puedan trabajar estos temas de mal comportamiento a nivel grupo curso. La idea no es que se trabaje el conflicto solo con el estudiante involucrado, sino que se hablen y tomen medidas preventivas también con el resto de los compañeros", dijo López.
"Las prácticas de corrección deben acompañarse con estrategias de prevención. Cuando se llevan a cabo desde el inicio del año escolar, la necesidad de corregir disminuye de manera importante. Y si la mala conducta persiste, lo más relevante es enfocarse en la emoción que subyace a esa conducta del escolar y así es más probable que se pueda modificar de forma sostenible en el tiempo", señaló a El Mercurio Fabian Barrera, director del Laboratorio de Innovación en Psicología y Educación de la Universidad de Los Andes, quien participó de la investigación.
De acuerdo al Ministerio de Educación, las medidas disciplinarias tienen que respetar la dignidad de todos los escolares. Y promover la reparación de la falta y el aprendizaje, y ser aplicadas mediante un procedimiento justo y racional, sin ejercer prácticas discriminatorias.
Por esto, no se pueden devolver a estudiantes a la casa, porque representa un riesgo para la integridad física y psicológica del alumno. Por otro lado, tampoco se puede suspender, cancelar la matricula o expulsar por causales que deriven de su situación socioeconómica, rendimiento académico o vinculadas necesidades educativas especiales, y también la reducción de la jornada escolar está prohibida.
Sin embargo, la suspensión temporal de clases es considerada como una medida excepcional, sólo cuando la situación provoque un riesgo real para algún miembro de la comunidad educativa. Y también no renovar la matricula por problemas conductuales cuando los hechos que la originan están en el reglamento interno y afecten la convivencia escolar.
