El secretario ejecutivo de la reforma educacional, Andrés Palma (DC), aseguró en Cooperativa que el Gobierno cree que sí deben existir normas de conducta en los colegios y que la Ley de Inclusión Escolar no es un impedimento para ello.
Este martes entra en vigencia la normativa, que impedirá, entre otras cosas, que un establecimiento expulse a un alumno o le cancele la matrícula porque sus padres cambian de estado civil.
Tampoco podrán los colegios suspender a un alumno porque no posea sus útiles escolares o no cuente con el uniforme en un determinado momento, situación que ha generado preocupación en algunas comunidades escolares por la presunta falta de herramientas para impartir disciplina entre los alumnos.
Palma explicó en Lo Que Queda del Día que cada colegio tiene mecanismos propios para lidiar con este tipo de situaciones "y los tiene establecidos, normalmente, en el reglamento para que el niño aprenda, porque a eso es lo que va a hacer a la escuela; va a aprender también normas de conductas, y es muy importante que eso sea parte" de su formación.
"Tal vez algunas personas muy liberales dicen: 'No, no puede haber normas de conducta'... Nosotros creemos que sí tiene que haber normas de conducta en todos los establecimientos", aseveró el ex diputado.
"La idea de la educación es no sólo instruir y entregar conocimientos –alguien los puede adquirir más fácil por internet-, sino que aprender a convivir, aprender a pensar, aprender a vivir en comunidad y aprender a aprender, que es lo más importante de todo", enfatizó el funcionario de Gobierno en Cooperativa.
Las causales de expulsión
El secretario ejecutivo aclaró además que la Ley de Inclusión establece que "ningún niño puede ser expulsado o cancelada la matrícula durante el año escolar salvo un hecho muy grave, que signifique una agresión o una acción que altere la convivencia escolar, y eso tiene que estar reglamentado en el reglamento interno del establecimiento".
De producirse una situación de este tipo, el afectado podrá recurrir al Consejo Escolar del establecimiento - instancia que deberán tener todos los colegios con subvención desde el 2017- y, más arriba, al Consejo de Profesores y el propio director.
"Si nada de eso resulta, está la posibilidad de apelar a la Superintendencia de Educación Escolar, que es el ente encargado de fiscalizar que se cumpla la norma de la ley y que los establecimientos cumplan con sus propios reglamentos", señaló Palma.
