El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Alberto Hurtado, Gustavo Orellana, condenó el sumario realizado por el plantel tras la toma de junio y julio de este año, cuyo resultado fue de tres alumnos expulsados y otros 22 suspendidos durante dos semestres.
La investigación interna sancionó a los 25 alumnos -incluidos tres de los cuatro miembros de la Federación- por daños que alcanzaron los 110 millones de pesos, a consecuencia de más de 30 puertas destrozadas, cámaras de seguridad rotas y siete computadores perdidos.
Orellana -quien es uno de los jóvenes suspendidos- aseguró que la dura sanción "es parte de la criminalización histórica que ha existido del movimiento estudiantil interno de la Alberto Hurtado".
"Sabemos que no es casual. De hecho, no son 25 compañeros elegidos al azar: son representantes de sus carreras, son consejeros académicos y somos nosotros también, como Federación, los que estamos siendo sumariados", dijo Orellana a Cooperativa, confirmando que hay disposición para llevar el caso hasta los Tribunales de Justicia.
"Se sigue el conducto regular: hay una apelación (ante las autoridades universitarias), pero que ni siquiera consta de una audiencia; es solamente por escrito. Luego de eso vienen los recursos de protección", adelantó.
El dirigente de la UAH concluyó que el proceso "es totalmente arbitrario, acá quien juzga y quien al final termina dictando la sentencia es la Dirección, que lo camufla mediante reglamentos truchos, que es algo muy propio de las universidades privadas".
Apoyo de la Confech
Los estudiantes afectados por la medida recibieron el apoyo de la Confech. Uno de sus voceros, Gabriel Iturra, planteó que la decisión del plantel "no va en la línea de lo que esperamos de una universidad que tiene un rol social".
"Como Confech hemos estado generando difusión de esta problemática a través de videos en redes sociales. Y creemos importante que este sábado la reunión de la Confech va a ser en la Universidad Alberto Hurtado", agregó.
"Nos parece una situación lamentable que hoy esté ocurriendo en una universidad que dice ser con vocación pública, que amedrente, que haya una persecución política a estudiantes solamente por el hecho de movilizarse", añadió.
Iturra remarcó que "también no comprendemos cómo puede ser que la ministra tome una actitud de pasar a ser un tercero imparcial en el asunto, de pasar de conversar y establecer diálogos con rectoría y sus estudiantes pase a tener una posición de condenar a estudiantes que, lamentablemente, no tienen los medios para poder estudiar gratis".
Mientras, la rectoría de la universidad recibió el respaldo de la ministra de Educación, Adriana Delpiano, quien afirmó que la decisión se enmarca en la autonomía del establecimiento educacional.
A través de una declaración pública la UAH explicó que "según el reglamento de conducta y convivencia se aplicó un procedimiento a alumnos que participaron de una ocupación ilegal. Dicho procedimiento aún está en curso".
