Vicepresidente del organismo comentó en Cooperativa el proyecto presentado por el Gobierno.
"No se escuchó a los actores que eran directamente afectados por este nuevo diseño", apuntó el rector Aldo Valle.
El rector Aldo Valle criticó en Cooperativa que en la reforma a la educación superior "hay cambios que no se discutieron".
El rector de la Universidad de Valparaíso y vicepresidente del Consejo de Rectores (Cruch), Aldo Valle, manifestó en Lo Que Queda del Día tener "severas reservas" con el proyecto de reforma a la educación superior presentado por el Gobierno y criticó que "no se discutió ampliamente" con todos los sectores.
"No se discutió ampliamente, al menos, con todos los sectores. Con el Consejo de Rectores no se discutió ampliamente, es lamentable tener que decirlo, pero lo relativo a financiamiento no se quiso discutir en ningún momento, sólo nos hemos enterado en los últimos tres días de cuál es la estructura del financiamiento público", afirmó.
"Como Consejo de Rectores siempre hemos expresado una opinión favorable respecto de la necesidad de llevar a cabo una reforma al sistema de educación superior, pero entendiendo que esa reforma debe contener cambios sustantivos, estructurales que modifiquen los efectos sociales que hoy tiene el sistema", apuntó el rector.
La autoridad universitaria añadió que "se requiere de fortalecer la oferta pública, o la educación pública, y no avanzar simplemente en la institucionalización de la privatización, expandirla o, más todavía, asegurar el financiamiento por parte del Estado de ese mismo mercado privado de la educación".
"Queremos que la reforma cumpla con ciertos estándares y con ciertos objetivos nacionales y no sea simplemente una respuesta a la contingencia política, a la coyuntura, y el resultado (sea) no más que el equilibrio de intereses que están en juego por el carácter que hoy tiene el sistema de educación superior", remarcó.
El rector Valle enfatizó que "si no se modifican los ejes estructurales del sistema de educación superior es una respuesta a la coyuntura, en el sentido de que evita transformaciones, pero no da respuestas a las necesidades de largo plazo que tiene el país en educación superior".
Oferta pública versus oferta privada
A juicio del vicepresidente del Cruch, "el rol público no puede ser reducido a gratuidad, y menos el Estado puede optar por la compra de servicios de educación a oferentes privados, no más que ahora, poniendo ciertas condiciones y eso es lo que se llamaría algo así como un sistema más regulado, pero no un sistema estructuralmente distinto al que tenemos".
El rector de la Universidad de Valparaíso detalló que "cuando usted opta por el camino de fortalecer esa oferta privada, difícilmente puede, a la vez, decir que está fortaleciendo la oferta pública, porque el Estado se dedica a financiar un mercado privado de la educación", por lo que esta reforma "consolida, a nuestro juicio, la privatización".
Valle resaltó que "lo que no queremos es que los recursos, finalmente, en gran parte vayan a dar a una administración privada que no cumple con los estándares, con los requisitos y que se trate de incorporar a privados, pero conforme a objetivos nacionales de la política pública, a unos valores y virtudes que todo sistema de educación superior debe promover".
Conflicto por la gratuidad
Respecto a la gratuidad, la autoridad universitaria enfatizó que "lo que hay es una figura retórica simplemente, para enviar la señal de que se persevera en ese compromiso de gratuidad, pero se recurre a un tecnicismo para lanzar hacia el infinito la responsabilidad del Gobierno de llevar adelante avances más concretos en gratuidad".
"Las principales diferencias las tuvimos con el ministro secretario general de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre, porque, al parecer, era quien tomaba la responsabilidad mayor en el diseño del sistema de financiamiento a la educación superior y es ahí donde no pudimos conversar, sino hasta última hora, y luego nos hemos encontrado con estas novedades", agregó.
El rector concluyó que en el proyecto "hay cambios que no se discutieron, no se conversaron y, desde luego, no se escuchó a los actores que eran directamente afectados por este nuevo diseño del financiamiento público".
Sanciones al lucro
Sobre las sanciones penales al lucro, la ministra de Educación, Adriana Delpiano, explicó que "la Superintendencia, que será el organismo que entre otras cosas también regule y vigile el tema del lucro, podrá tener una gama de sanciones, dependiendo de los montos, de la reiteración".
"Si alguien retira recursos para su enriquecimiento personal de una institución de educación superior universitaria se puede entender que ahí hay una apropiación indebida, y cuando se entiende por apropiación indebida puede ir a justicia penal", añadió la secretaria de Estado.
En tanto, el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, aseguró que "si hay algo que no corresponde, si hay algo que es una falacia realmente increíble es que se nos venga a decir que aquí hay grupos de rectores que están peleando y discutiendo intereses propios".
"Aquí de lo que se trata es de invitar al conjunto del país a un gran debate sobre qué país queremos, qué sociedad queremos y, muy particularmente, centrada en qué futuro le estamos ofreciendo a nuestros jóvenes", agregó.
A su vez, el diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, dijo que prefiere esperar a conocer el articulado del proyecto antes de referirse a la iniciativa, aunque apuntó que deben existir sanciones.
"Creemos que tiene que haber una sanción a quienes se quieren aprovechar de los sueños de miles de familias tengan que tener una consecuencia, no solo económica, sino que en términos de las personas que toman esas decisiones, y por lo tanto con algún tipo de acción penal, pero la prueba de blancura estará acá si es que las universidades que hoy día lucran siguen en el país o no", indicó el parlamentario.
