La presentación del esperado proyecto de reforma a la educación superior del Gobierno no logró calmar las aguas entre los sectores políticos ni los actores sociales. En las últimas horas se han sucedido los cuestionamientos al Ejecutivo, especialmente en lo relativo al modo en el que se financiará la gratuidad universal, que fuera una de las principales promesas de campaña de Michelle Bachelet.
En medio de este escenario el senador socialista Fulvio Rossi, miembro de la Comisión de Educación de la Cámara Alta, salió a reconocer la necesidad de un "mea culpa" desde la Nueva Mayoría a raíz de las "expectativas" desmedidas generadas durante la época electoral.
"Es imposible plantear, de la noche a la mañana, entregar gratuidad a un millón 200 mil estudiantes, por más que uno quisiera, porque el país no tiene los recursos. Hay que hacer el mea culpa y la autocrítica", dijo Rossi.
"Se generaron expectativas que no se podían cumplir, pero también es cierto que este Gobierno prometió 70 por ciento de gratuidad y estamos al debe con un 10 por ciento", agregó el legislador.
"Un gran engaño"
Desde la derecha acusan que el proyecto presentado por el Mineduc "simplemente, no tiene plazo", que "no se sabe cuándo se va a poder implementar y no está financiada".
"Es un gran engaño", sostuvo el diputado RN José Manuel Edwards, mientras su par UDI Jaime Bellolio recordó que "el programa de Gobierno decía que iban a alcanzar la gratuidad universal en seis años, (pero) después dijeron que iba a ser un 70 por ciento, luego que iba a ser un 60 por ciento, y ahora que va a quedar para otros Gobiernos".
Delpiano: "No sabemos cómo viene la economía"
La ministra Adriana Delpiano (PPD) estuvo ayer todo el día en el Congreso participando en la discusión del proyecto de Nueva Educación Pública y, al ser consultada por la controversia en torno a la reforma de la educación superior, aseguró que "lo que se ha quedado de financiar durante este Gobierno está financiado y tiene el respaldo".
"Justamente porque no sabemos cómo viene la economía para adelante se han establecido mecanismos con los cuales se sigue avanzando, pero nosotros estamos siempre –para eso hemos venido al Congreso- llanos a escuchar las mejores soluciones y propuestas que puedan tener los parlamentarios", sostuvo.
"Quisiera escuchar propuestas alternativas de parte de los parlamentarios, no solo de la Nueva Mayoría. De la Nueva Mayoría y fuera de ella, si encuentran otro mecanismo que nos permita ir más rápido de lo que está establecido en la ley, de como vamos a avanzar, como se mantienen las ayudas estudiantiles en la transición y cuales son los mecanismos por los cuales podemos llegar a tener una gratuidad universal en el país", recalcó la ministra.
"No se cierran las puertas al lucro"
Los rectores también mantienen sus críticas al proyecto. Ennio Vivaldi, de la Universidad de Chile, advirtió que en el texto "las puertas para el lucro no están claramente cerradas ni se toma con responsabilidad transformar el sentido de la universidad y la educación".
Aldo Valle, vicepresidente del Cruch, apuntó que "hay varias contradicciones en este proyecto".
La diputada comunista Camila Vallejo dijo esperar que en el proyecto "quede establecido cómo el Estado va a potenciar y desarrollar las instituciones públicas, estatales, sin excluir, obviamente, y sin perjudicar ni discriminar al resto del sistema, con el marco regulatorio que corresponda".
La parlamentaria afirmó que el proyecto "genera mucha incertidumbre respecto al alcance de la gratuidad universal. Nosotros en el movimiento estudiantil en 2011 nunca planteamos simplemente gratuidad universal, sino que eso iba ir asociado a un fortalecimiento de la educación pública: o sea, calidad, gratuidad y fortalecimiento de la educación pública".
"Si solamente nos planteamos avanzar en gratuidad y no fortalecemos lo público vamos a tener un sistema mayoritariamente privado, gratuito, pero mayoritariamente privado y el objetivo de la construcción de lo público desde la educación no se va a haber cumplido", remarcó la ex dirigenta estudiantil.
La iniciativa plantea para las instituciones técnicas la creación de una unidad de formación técnico profesional y fija criterios especificos para la acreditación, que también aparecen cuestionados por "otorgar amplias facultades de control al Ministerio de Educación", señaló Gonzalo Vargas, rector de Inacap.
"Controla aranceles, vacantes, títulos, grados, controla estándares de acreditación y, en términos del sistema de acceso y de financiamiento, deja al sistema técnico profesional en desmedro del sistema universitario", dijo Vargas.
Se prevé que esta tarde, alrededor de las 15:30 horas, el proyecto de Proyecto de Ley de Educación Superior inicie su discusión en la Comisión respectiva de la Cámara Baja.