La titular de Educación recibió una propuesta alternativa por parte del Consejo de Rectores.
Reiteró que es necesario tener garantías de la calidad de las instituciones.
En el proyecto se pedirá que existan espacios de debate triestamental en las instituciones.
La ministra de Educación, Adriana Delpiano, explicó que un nuevo sistema de acreditación será clave para la puesta en marcha de la gratuidad para el 60 por ciento de los estudiantes más vulnerables de las universidades del Consejo de Rectores.
Delpiano sostuvo que "el tema de la gratuidad es un elemento dentro de todo lo que es la reforma. Efectivamente en Chile las familias hacen un aporte muy grande en esa materia, pero nosotros tenemos que tener garantías que las instituciones de educación superior son transparentes para la ciudadanía, son de calidad y eso es tarea también del Estado, garantizar y ser garante de esta calidad, y por eso que el sistema de acreditación que se plantea dentro del proyecto de ley va a ser muy importante".
"Las universidades tienen sus reglas del juego, vamos dentro del proyecto a plantear la necesidad de que hayan espacios de participación triestamental, pero respetando también las libertades de cada universidad", precisó.
La titular de Educación recibió este jueves un documento por parte del Cruch, denominado "Propuestas del Consejo de Rectores de las universidades chilenas para la reforma al sistema de educación superior". Ocho ejes plantean en su propuesta, entre ellos, nueva institucionalidad, regulación al sistema, una política nacional de investigación científica, tecnológica e innovación.
El texto fue presentado por el vicepresidente de la instancia, Aldo Valle, quien planteó que "es irresponsable ampliarlo (el anuncio de gratuidad) si no se establecen esas condiciones y si las instituciones, al momento de recibir los recursos no cumplen con estas exigencias de rendición de cuentas, transparencia, sistema de admisión público que evite la arbitrariedad y evite el privilegio, porque los recursos públicos no pueden financiar privilegios".
"Debe haber desde luego unidad jurídico patrimonial. No puede ser que que no quede clara la diferencia entre la corporación universitaria y la inmobiliaria. Si eso no está garantizado por la ley me parece que no debe haber transferencia de recursos públicos", dijo.
Rectores piden certezas al Gobierno
Los rectores piden que el Gobierno dé certezas en torno a los recursos y a quiénes se les permitirá acceder.
El presidente de la Red de Universidades Públicas no Estatales G9 y rector de la Universidad de Concepción, Sergio Lavanchy, indicó que "en eso, de verdad, el ministerio y el Gobierno tienen que tomar una decisión ya porque lo que se necesitan certezas en temas tan sensibles como este de la gratuidad".
"Entonces, positiva para algunos, negativa para otros, pero tiene que definirse ya ese tema", indicó.
Desde la Agrupación de Universidades Regionales de Chile, que reúne a 20 instituciones, plantean la necesidad de aumentar los recursos y que sean distribuidos de manera de las características que tiene cada plantel, mediante índices de vulnerabilidad y de regionalidad.
El rector de la Universidad Católica de Temuco, Aliro Bórquez, explicó que "las universidades regionales han sido postergadas por muchos, muchos años y esperamos que en esta nueva política poco a poco se pueda ir corrigiendo estas inequidades porque creo que los talentos de los jóvenes están repartidos de igual manera en todo el país, por lo tanto tienen que existir las mismas oportunidades para los jóvenes de las regiones más extremas o de las regiones más pobres para que puedan desarrollarse ellos y sus familias".
Posición de la FECh
Por su parte, la presidenta de la FECh, Valentina Saavedra, comentó que "el problema es cómo hacer que las universidades privadas sean cada vez más públicas y eso es que le entreguen objetivos también a la sociedad, que le entreguen objetivos al país y que efectivamente no respondan exclusivamente a objetivos individuales de su dueño, sino que respondan al país, porque finalmente el país, a través de un financiamiento público, es decir, financiamiento de todos los chilenos".
