El diputado DC Fuad Chahín, miembro de la comisión que analiza la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Harald Beyer, reconoció en El Diario de Cooperativa que el secretario de Estado no es el único responsable del lucro.
La acción contra el secretario de Estado se interpuso el pasado miércoles 20 de marzo con la firma de diputados de todos los partidos de oposición y con ella se busca que Beyer responda por no haber actuado contra el lucro en la educación superior.
"Beyer no es el único responsable del lucro en la educación superior, probablemente tiene una responsabilidad atenuada. ¿Por qué no se hizo antes? Hay que preguntarles eso a los que estaban entonces. Soy diputado de primer periodo y respondo por lo que se hace ahora", planteó Chahín.
"Muchos hablan y desechan esta acusación constitucional para desconocer sus propias responsabilidades, por ejemplo, quienes fueron diputados y jamás se preocuparon de fiscalizar esto. El que no se haya hecho con anterioridad no es eximente de la responsabilidad constitucional de las autoridades", agregó el parlamentario.
"Todo el mundo sabe que se toleró el lucro en la educación, que no se hizo cumplir la ley. La señal es que nunca más esto puede ocurrir. El ministro Beyer ha tomado medidas pero son medidas tardías y presionadas por la opinión pública", expuso.
"Lo que hace el libelo es enunciar cuáles son las infracciones de manera bastante clara, que son el principio de probidad, el principio de oportunidad, que se ha dejado de ejecutar la ley, que se ha abdicado de las facultades de control y fiscalización", explicó.
La respuesta de Beyer
Chahín también se refirió a la respuesta del ministro de Educación a la acusación constitucional: "Lo que hace es dar cuenta de cuál ha sido la agenda legislativa y las medidas adoptadas desde el punto de vista de las políticas públicas en materia de educación por este Gobierno".
"También hace una cuestión previa pidiendo la inadmisibilidad basándose en tres puntos", agregó. "El primero es que las responsabilidades no son personales, con lo que reconoce implícitamente que hay responsabilidades, inejecución de la ley y falta de oportunidad, pero dice que no es personal del ministro sino de sus subalternos".
"Lo segundo que plantea es que no hay la suficiente precisión en las acusaciones, que serían más bien vagas", agregó.
"Y lo tercero que plantea es que este no es un juicio político, sino político constitucional, y no se pueden hacer acusaciones de reproche del mérito de las decisiones, sino que debe haber un a infracción precisa a normas constitucionales o inejecución de la ley", sentenció.