El Consejo Nacional de Educación (CNED) confirmó el cierre de la Universidad La República (Ulare), tras visar el requerimiento formulado por la Subsecretaría de Educación Superior a raíz de la solicitud de la Superintendencia del ramo, cuya investigación constató una "grave crisis financiera, patrimonial y administrativa que hace inviable la continuidad de sus funciones y la entrega del servicio educativo".
Tras analizar el oficio enviado por la referida repartición del Mineduc, el CNED aprobó por unanimidad la revocación del reconocimiento oficial y la cancelación de la personalidad jurídica de la casa de estudios, "por verificarse las causales (...) de no cumplimiento de sus objetivos estatutarios y por haber incurrido en infracciones graves a sus estatutos, respectivamente".
"El Consejo estima que el debilitamiento institucional es tan severo, que no permite a la Universidad contar con los elementos básicos para desarrollar sus actividades propias, de la manera que se espera de una institución de educación superior autónoma", expuso la entidad mediante un comunicado.
En el mismo, debido a "la preocupación por el futuro de los estudiantes", puntualizó la ratificación del camino propuesto, que contempla el nombramiento de un administrador de cierre que tomará el control de la institución y velará por la continuidad de estudios de los alumnos, para lo cual contará con la opción de reubicarlos en otras instituciones.
"El proceso de cierre que se inicia a partir de este momento estará en manos del Ministerio de Educación, desde donde se nombrará a un administrador de cierre cuya misión es dar continuidad de estudios a los alumnos de la Ulare , ya sea en la misma institución durante un periodo, o bien celebrando convenios con otras universidades para poder reubicar a los estudiantes", explicó el superintendente de Eduación Superior, Jorge Avilés.
En entrevista con La Tercera, enfatizó que "es importante precisar que ningún estudiante de la Ulare se quedará sin la opción de finalizar sus carreras y que se respetarán sus actuales programas académicos: éste es un proceso largo y que tiene como principal finalidad proteger el derecho a la educación de quienes hoy están matriculados en esta institución".
SUPERINTENDENTE: "SE RESPETÓ A CABALIDAD" EL DEBIDO PROCESO
Cuando a fines de marzo el regulador informó los resultados de su investigación y solicitó al Mineduc que iniciara el proceso de cierre, la Universidad La República comprometió "todas las acciones y recursos" para evitarlo y acusó a la Superintendencia de, durante la indagatoria, haber "desconocido nuestro derecho a recibir las observaciones de y contar con el plazo que nos permitiera rectificarlo".
Ante ello, según La Tercera, el plantel realizó una serie de gestiones ante diputados y senadores de oposición y el oficialismo; a la vez que presentó un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Pero ninguna de esas acciones evitó a la fecha la decisión del CNED.
Sin embargo, el superintendente Avilés, junto con destacar "la rapidez" con que actuó como regulador en este caso, afirmó asimismo que fueron "respetadas a cabalidad" las etapas y plazos procedimentales establecidos por ley "para que la universidad pudiera hacer valer todas las alegaciones y pruebas".
Detalló que "la Superintendencia (SES) inició sus funciones en mayo de 2019 e inmediatamente se encargó de evaluar la situación financiera y normativa de todas las instituciones de educación superior del país, detectando rápidamente que la Universidad La República era una de las casas de estudios que presentaban un mayor nivel de riesgo en materia financiera, patrimonial y administrativa, lo que determinó que, a fines de 2019 se le instruyera un proceso formal de investigación".
"Producto de esa indagatoria, el 8 de junio de 2020 se decidió abrirle un procedimiento administrativo, realizando la correspondiente formulación de cargos. En dicha instancia, la institución tuvo la oportunidad de presentar argumentos en su defensa y rendir todas las pruebas que estimó procedentes. Posteriormente, el 21 de diciembre de 2020, la Superintendencia, para que la universidad solucionara sus problemas, le ordenó a la universidad la elaboración y presentación de un plan de recuperación, tendiente a subsanar los problemas y dificultades que enfrenta, para resguardar de manera efectiva a su comunidad universitaria", complementó.
De hecho, "la Universidad presentó su plan de recuperación a través de dos documentos -no articulados entre sí- que dan cuenta de las divisiones internas de sus autoridades", el cual, "sin embargo, no cumplía con los requisitos legales y reglamentarios requeridos y no permite subsanar ninguno de los problemas detectados por la SES, ratificándose el riesgo real que tiene la continuidad de estudios de sus alumnos", además de que "no identifica fuentes de financiamiento a las que recurriría la Universidad para la ejecución de las medidas propuestas".
Con todo, Avilés subrayó que el proceso de cierre "es la mejor opción para evitar que estos mismos estudiantes se vieran enfrentados a un escenario aún más complejo (...) lo que ha hecho esta Superintendencia tiene como único objetivo proteger a los estudiantes de la Universidad La República".
