Están formalizados en la causa un ex presidente de la CNA y dos ex rectores.
La Fiscalía solicitó la revisión de las medidas cautelares que los mantenían en libertad.
La Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago modificó este viernes las medidas cautelares que dispuso el día sábado el Octavo Juzgado de Garantía contra los tres formalizados en el marco del denominado "caso lucro".
El ex presidente de la Comisión Nacional de Acreditación Luis Eugenio Díaz y los ex rectores de la Universidad Pedro de Valdivia, Ángel Maulén, y Universidad del Mar, Héctor Zúñiga, están imputados por la Fiscalía Metropolitana Oriente por delitos como soborno, cohecho, violación de secreto, negociación incompatible y lavado de dinero.
En la jornada del sábado el tribunal había descartado la prisión preventiva y les había impuesto las medidas de arraigo nacional y firma semanal.
El Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado (que es querellante en la causa), pidieron revocar la libertad de los tres acusados y que se accediera a la medida precautoria más gravosa.
El tribunal de alzada determinó el encarcelamiento de Díaz, Maulén y Zúñiga por considerarlos "un peligro para la seguridad de la sociedad" en razón del grave daño que causaron a la confiabilidad del sistema de acreditación de la educación superior.
Los tres jueces de la Sala estimaron que "las conductas que se investigan en este proceso -por las cuales han sido formalizados los imputados- afectan la credibilidad misma del sistema de acreditación de las instituciones que aspiran a la formación de los alumnos de la educación superior", explicó el presidente del Tribunal, Manuel Valderrama.
Esto, "consecuencialmente, provoca un grave daño a la institucionalidad vigente en esta materia", expresó el magistrado, que aludió también a la naturaleza de los delitos, su reiteración y las penas asignadas para justificar la prisión preventiva.
La Fiscalía acusa a Díaz de aceptar el pago de sobornos para favorecer la acreditación de la calidad de las universidades Del Mar y Pedro de Valdivia, que a partir de la cual ésta accedieron a millonarios fondos del Crédito con Aval del Estado.
Conformidad en el Ministerio Público
Tras la audiencia, el fiscal a cargo del caso, Carlos Gajardo, dijo que el Ministerio Público "se manifiesta satisfecho con la resolución de la Corte".
"Esto está en línea con lo que nosotros habíamos planteado desde un comienzo: las conductas que se están investigando en esta causa son de extraordinaria gravedad", dijo el persecutor.
"A esta altura es un hecho indubitado que el sistema de acreditación de las universidades en Chile está en serio riesgo y crisis por la conducta que han mantenido los imputados, que además configuran delito. Su conducta delictual ha provocado un grave daño a la institucionalidad académica en Chile, y eso es inegable", señaló Gajardo.
El Juzgado de Garantía otorgó el sábado seis meses para el desarrollo de la investigación. En tal sentido, Gajardo dijo que continuarán las indagatorias hacia la Universidad SEK, Universidad Bernardo O'Higgins y Universidad Uniac, además del Instituto Moderno de Música, cuyos directivos también habrían mantenido contactos con Díaz durante los respectivos periodos de acreditación.
Defensa critica decisión "incomprensible"
Los abogados de Díaz y Maulén prefirieron no hacer comentarios tras la decisión del tribunal de alzada. Sí reaccionó María Isabel Foncea, defensora de Zúñiga, que acusó la carencia de "antecedentes suficientes, mínimos, para poder plantear la formalización y los hechos que se están imputando".
"Entendemos también que la actitud, el comportamiento de los imputados –en particular hablo de don Héctor Zúñiga- ha sido de colaboración en todo momento, aun sabiendo él que podía enfrentarse a una orden de detención". De hecho, luego de que fueran detenidos los otros dos imputados "él volvió desde Estados Unidos, donde se encontraba realizando actividades propias", dijo la abogada.
"Sostener que en esa circunstancia hay realmente un peligro de fuga –que es la única opción de plantear un real peligro para la seguridad de la sociedad- resulta incomprensible para esta defensa", dijo Foncea.
Los tres imputados ingresarán en las próximas horas al anexo Cárcel Capitán Yáber, dado que los delitos por los que se los acusan tienen carácter económico.
La audiencia de revisión de las medidas cautelares estaba programada para el miércoles, pero se pospuso para hoy por un problema administrativo.
