Cuatro funcionarios de Carabineros fueron formalizados durante la jornada de este martes en Coronel, Región del Biobío, por apremios ilegítimos y lesiones graves tras un control policial efectuado en mayo del 2015 a un conductor que supuestamente se había negado a ser fiscalizado por los uniformados.
Los delitos se habrían efectuado en el marco de un control policial por una supuesta conducción en estado de ebriedad, hechos ocurridos el 18 de mayo del 2015 en Coronel.
Según el fiscal Nelson Vigueras, los funcionarios Henry Parra, Pablo Dávila, Eric Estrada y Claudio Chávez esa jornada recibieron la denuncia que el vehículo conducido por el doctor Enrique Verato lo hacía de manera zigzagueante, por lo que fueron a controlarlo.
Cuando el hombre se negó a ser controlado, los funcionarios procedieron a golpearlo con puños y pies, incluyendo una patada en sus genitales.
El fiscal Vigueras detalló que "la víctima, para nuestros antecedentes, habría sido agredido reiteradamente por los cuatro funcionarios de Carabineros de dotación de la Subcomisaría de Villa Mora, lo agredieron reiteradamente con golpes de pies, rodillas, le causaron lesiones graves y ése es el delito por el cual el Ministerio Público ha formalizado: apremios ilegítimos y lesiones graves".
Defensa alega violencia "legal y proporcionada"
Oscar Ulloa, abogado defensor de los Carabineros, destacó que "lo que estamos manifestando es que se utilizó la fuerza por parte de Carabineros pero en forma legal y proporcionada de acuerdo a la resistencia que opuso en este caso el señor Beratto ante la fiscalización que estaba efectuando Carabineros".
"Todas esas lesiones que supuestamente tiene, yo creo que se van a tener que dilucidar en el juicio oral. No hay que olvidar que él se negó en todo momento en el Servicio Público a hacerse un examen de constatación de lesiones", agregó.
Por su parte, la abogada del la víctima solicitó la prisión preventiva de los imputados pero el Juzgado de Garantía de Coronel sólo determinó la prohibición de acercarse a la víctima y el arraigo nacional como medidas cautelares por los cuatro meses que dure la investigación.
