El abogado del mayor en retiro Nelson Valenzuela fustigó que la Fiscalía "rechazó" realizar una serie de diligencias que demostrarían su "inocencia".
El Ministerio Público cerró la indagatoria y prepara las acusaciones para los 136 formalizados.
Luego de que la Fiscalía notificara esta semana el cierre de la investigación del fraude en Carabineros, cifrado en más de 28 mil millones de pesos, la defensa del mayor en retiro Nelson Valenzuela anunció que solicitará su repartura para que se realicen otras diligencias.
El Ministerio Público informó correo electrónico a los abogados de los imputados que las pesquisas habían terminado, por lo que alista las acusaciones en contra de 136 formalizados, de un total de 180 personas imputadas, con lo que definirá a la vez a quiénes llevará a juicio oral.
Luis Giadach, abogado de Valenzuela, enfatizó que "existe una serie de diligencias que hemos solicitado al fiscal (Eugenio) Campos para demostrar la inocencia de nuestro representado, y han sido rechazadas por parte de él".
"Por este motivo creemos que el Ministerio Público está en la obligación de hacer esas diligencias, y le solicitaremos al tribunal que las realice. También señalo que nosotros presentamos una querella respecto de la sustracción de 16 mil millones de pesos y tampoco se ha realizado diligencia útil alguna", reprochó la defensa de quien es considerado uno de los líderes de este mega fraude.
Para el 12 de abril quedó fijada la audiencia donde los tribunales definirán la eventual reapertura de la indagatoria.
Capitán (r) imputado valoró cierre
Por su parte, la defensa del capitán en retiro Francisco Estrada, también imputado en la causa, se manifestó conforme con la decisión de la Fiscalía.
"Es buen momento de cerrar la investigación y tomar decisiones importantes, formular acusaciones respecto a aquellos imputados que van a ir a juicio oral y respecto del resto tomar decisiones de salidas alternativas", valoró la abogada Bárbara Salinas.
La profesional añadió que "en algunos casos hay imputados que están formalizados por tres o cuatro delitos, y todos son delitos con pena crimen, que comienzan en cinco años y un día y que desde luego no dan derecho a beneficio de cumplimiento alternativo de condena, por lo tanto es razonable esperar que la solicitud del Ministerio Público sea con penas bastante altas".
De acuerdo con el medio citado, los persecutores están preparando hace al menos cinco meses la acusación y hasta este martes cuenta con cerca de 3.000 páginas. Actualmente está en proceso de identificación de las penas que se solicitarán en el que se espera sea uno de los juicios más extensos dede la Reforma Procesal Penal.
El caso comenzó en octubre de 2016 con un oficio secreto enviado por el fiscal nacional, Jorge Abbott, al persecutor regional de Magallanes, Eugenio Campos, luego de que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) detectara indicios de delitos de lavado de activos.
