El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) pidió precisar el concepto de "legítima defensa" y prescindir del de "superioridad" policial en el proyecto que establece normas generales del uso de la fuerza para el personal de las instituciones de Orden y Seguridad Pública y de Seguridad Ciudadana.
Actualmente, esta iniciativa está siendo analizada por las comisiones unidas de Constitución y de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados, a la cual se le presentaron 142 indicaciones, 130 de ellas de origen parlamentario y 12 del Ejecutivo.
El proyecto busca recoger el principio rector del uso de la fuerza mediante una regulación robusta, y con esto elevar a rango legal las normas relativas a este tema que, hasta ahora, han existido en nuestro país reglamentariamente.
Asimismo, hasta ahora, contempla la dictación de reglamentos que contengan los protocolos y detalles técnicos específicos. En detalle, el proyecto establece 19 artículos y una norma transitoria, que modifican algunos cuerpos legales, como las leyes orgánicas constitucionales de Carabineros y la Policía de Investigaciones, de tal forma de regular los protocolos, lineamientos, instrucciones o cualquier otro instrumento que norme el uso de la fuerza en la mantención del orden y la seguridad pública.
LAS RECOMENDACIONES DEL INDH
Desde el Consejo del INDH se pronunciaron acerca de esta iniciativa y consideraron necesario regular, precisar e incorporar conceptos como "legítima defensa", "proporcionalidad", o la forma en que se pueden utilizar municiones y armas letales y no letales, aunque destacaron que la propuesta "constituye un avance en materia de regulación del uso de la fuerza", según consignó El Mercurio.
A través de un informe, entregaron recomendaciones que buscan "adecuar plenamente el proyecto de ley a los estándares internacionales".
El INDH planteó que se debe revisar la redacción para "precisarla de mejor forma, considerando la conceptualización realizada por el derecho internacional en derechos humanos" y que se considere la posibilidad de incluir conceptos como el de "legítima defensa" bajo dichos estándares.
También se propone adecuar la redacción del principio de proporcionalidad, para "dotar de mayor claridad la relación que debe existir entre la fuerza utilizada con la gravedad del delito o resistencia, de conformidad a los estándares internacionales", por lo que se sugiere prescindir del concepto de "superioridad" y establezca, "en cambio, que el tipo y nivel de fuerza empleada deben, en todo caso, garantizar la seguridad del personal y la de terceros".
Sobre lo anterior, explican que eso refiere que sería "un error" poner el énfasis en que se debe asegurar "la superioridad del personal" policial, porque significa que al revés, si no hay superioridad del personal, el uso de la fuerza es más laxo. Entonces, añaden, se debe exigir que el nivel de utilizado sea acorde con el nivel de resistencia, de tal manera que el empleo de la fuerza no puede producir un daño mayor al que intentaba prevenir".
Así como también se propone revisar en particular los protocolos sobre "los grados de resistencia o agresión y las correspondientes etapas en el uso de la fuerza no puede producir un daño mayor al que intentaba prevenir", y los criterios en relación al "tipo de armamento y munición que pueden ser utilizados".
La directora del INDH, Consuelo Contreras, señaló al matutino que hay varios puntos que requieren ser mejorados en su redacción, como en el caso de la proporcionalidad, ya que, a su juicio, "no se ajusta por completo al estándar internacional que exige que el nivel de fuerza utilizado sea acorde con el nivel de resistencia", y añadió que "es positivo que se reafirme en el proyecto la prohibición legal de la tortura".
Finalmente, se refirió al uso de municiones e indica que "el proyecto define las armas menos letales, pero no entrega una definición sobre arma letal".
