El tribunal de alzada de Temuco acogió la petición del Ministerio del Interior.
Apuntaron, no obstante, al carácter controvertido de las pruebas, para validar la decisión de la Fiscalía de no perseverar.
Héctor Llaitul, líder de la CAM, es uno de los mapuche acusados por atentados incendiarios, que acusan ser víctimas de un montaje.
La Corte de Apelaciones de Temuco revocó el sobreseimiento de los comuneros mapuche imputados por los delitos de asociación ilícita terrorista e incendio en el marco de la denominada "Operación Huracán".
"Se revoca la resolución apelada, (...) dictada por el juez de garantía don Federico Gutiérrez Salazar, que accedió a la petición de las defensas, y en su lugar se decreta que se rechaza, por ahora, el sobreseimiento definitivo solicitado", comunicó el tribunal de alzada, que validó, no obstante, la decisión del Ministerio Público de "no perseverar" en la indagatoria.
Los acusados están todos vinculados con la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), dentro de ellos figura su líder, Héctor Llaitul, y en una arista aledaña la Fiscalía investiga la presunta manipulación e implantación de las pruebas, causa en la que son indagados funcionaros de inteligencia de Carabineros y el ingeniero Álex Smith, ex colaborador de la Policía uniformada.
AHORA #OperaciónHuracán: Corte de #Temuco revoca resolución que decretó el sobreseimiento definitivo de la causa por asociación ilícita terrorista e incendio en contra de 10 comuneros mapuches. pic.twitter.com/CSoqzxzFFf
— Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) 27 de febrero de 2018
"Es un hecho no discutido que los antecedentes recabados en esta investigación son dubitados de lícitos y sujetos a cuestionamientos procesales que, efectivamente, y conforme la facultad privativa del Ministerio Público, le impiden fundar, por ahora, una acusación en esta etapa procesal. Conforme a ello, efectivamente la vía procesal idónea (...) es comunicar la decisión de no perseverar, toda vez que, para el hipotético caso de que los antecedentes incorporados por el ente persecutor sean ilícitos, el remedio procesal es la nulidad o ineficacia de la prueba o no otro", razonaron los magistrados.
"La decisión de sobreseer definitivamente a los imputados (...) impide que en el futuro, y ante la existencia de nuevos antecedentes, se decrete la reapertura de la investigación, cuestión que, precisamente, (sí) permite la comunicación de no perseverar, que garantiza (...) la presunción de inocencia y ampara a los hasta ahora imputados, toda vez que deja sin efecto la formalización de la investigación, y da lugar a que el juez competente revoque las medidas cautelares que se hubieran decretado en su contra, (...) sin perjuicio de que, en cualquier momento, puede solicitar nuevamente el sobreseimiento definitivo si es que aparecen nuevos antecedentes", agregó el fallo.
Defensor: Queríamos poner lápida a la causa
En conversación con El Diario de Cooperativa, el defensor de los comuneros, Juan Pablo Alday, lamentó la revocación del sobreseimiento y explicó los alcances de que se mantenga la decisión de no perseverar de la Fiscalía.
"Nosotros queríamos que se confirmara la resolución del juez de garantía en orden a decretar el sobreseimiento definitivo, que ponía lápida a la causa, que le ponía término definitivo y establecía la falta de participación de nuestros representados en la misma. A partir de esto (la decisión de la Corte), por el momento, eso no es así, o sea, la Corte de Apelaciones de Temuco ha sido bastante clara en el sentido de que, por ahora, no se va a decretar el sobreseimiento definitivo", comentó.
Alday agregó que el hecho de que el tribunal haya tomado "por comunicada la decisión de no perseverar en el procedimiento, presentada por la Fiscalía", se traduce en que "el día de mañana el Ministerio Público puede reabrir la investigación con antecedentes distintos".
En concreto, en este momento "la causa ha terminado -a través de la facultad de no perseverar- pero siempre queda la posibilidad de que el Ministerio Público pueda reabrir esta investigación con antecedentes distintos", resumió el defensor.
La abogada defensora Patricia Cuevas apuntó que el problema obedece "al estándar exigido de que aparezca claramente establecida la inocencia: la Fiscalía estimaba que nosotros debíamos acreditar la inocencia, y nosotros estimábamos que eran ellos quienes debían señalarnos qué antecedentes existen en contra de una persona o no, porque es difícil 'acreditar' una inocencia".
"No es lo mismo, por ejemplo, un robo con violencia que se le impute a una persona y nosotros podamos tener un certificado de que la persona estaba hospitalizada: aquí son delitos de asociación ilícita", dijo Cuevas.
Fiscalía celebra "espaldarazo"
Las resoluciones dejaron conforme al fiscal regional de La Araucanía, Cristián Paredes: "La Corte de Apelaciones ha acogido todos los planteamientos que efectuó la Fiscalía".
El tribunal "acogió la apelación que efectuamos y dejó sin efecto el sobreseimiento definitivo que había dispuesto el Juzgado de Garantía, y en su lugar tuvo por comunicada la decisión de no perseverar que habíamos adoptado. Al mismo tiempo, rechazó las apelaciones de algunas defensas que pretendían que se nos condenara en costas", destacó.
"Nosotros estimamos que lo resuelto por la Corte de Apelaciones el día de hoy es un espaldarazo al trabajo que está efectuando la Fiscalía, a las definiciones procesales que se han adoptado en esta investigación y a la seriedad de las mismas", resumió.
En la misma línea el fiscal nacional, Jorge Abbott, destacó que "se ha dado la razón a las alegaciones tanto del Ministerio Público como del Minsiterio del Interior, en el sentido de que no procedía sobreseer definitivamente la investigación, puesto que no se daba ninguna de las hipótesis que la ley establece para determinar el sobreseimiento definitivo".
"En consecuencia, la causa ha quedado con el no perseverar, y eventualmente podría reabrirse si es que existen antecedentes nuevos que se aporten a la investigación", comentó.
"Somos inocentes, no hemos tenido participación", decía hoy más temprano, ad portas de los alegatos ante el tribunal de alzada, el comunero Jaime Huenchullán, quien acusó la existencia de "un montaje político, creado por parte del Gobierno y las policías, en complicidad con los sectores empresariales de la zona".
Cabe recordar que el Ejecutivo había sido acusado de dar "señales contradictorias" en este caso, puesto que, por un lado, apeló al sobreseimiento de los comuneros mapuche y, por otro, presentó una querella contra quienes resultaran responsables de la supuesta manipulación de pruebas que tuvo por víctimas a los mismos sobreseídos.
