El Municipio de Peñaflor inició una fiscalización por el condominio de la comuna que es de propiedad de un grupo de generales de Carabineros -activos y en retiro, entre los que se incluye el general director Bruno Villalobos- cuyos propietarios no pagan contribuciones, debido a que la mayoría de los lotes no tiene permisos de edificación.
Esta situación fue revelada en una investigación de Ciper, donde se da cuenta que el resquicio es que el condominio, creado en 1990, sigue como suelo agrícola pese a contar con 18 parcelas de cinco mil metros cuadrados cada una y entre sus están el ex director general de la institución Fernando Cordero, el general (r) Ricardo Solar y ex miembros del alto mando policial.
En tanto, el general Bruno Villalobos manifestó su molestia ante la denuncia y aseguró que solo perjudica la imagen de la institución.
"El general Villalobos no evita pagar contribuciones, lo que pasa es que el terreno es un terreno agrícola y si usted sabe los terrenos agrícolas no pagan contribuciones tenga una o dos casas, lo dice la ley, así que yo no estoy ni faltando a la ley ni dejando de pagar contribuciones. Dejen de crear una cortina con respecto de la función que estamos cumpliendo nosotros, dejen de tirar barro a la situación que estamos viviendo", declaró.
Sin embargo, según dijo el alcalde Nibaldo Meza (DC) a Cooperativa, solo cuatro de los 18 lotes han cumplido con la norma y hay 14 que ni siquiera han pedido el permiso para hacer la edificación.
"Por lo tanto, en este caso en particular, como Municipio he solicitado, he instruido a nuestra Dirección de Obras que se fiscalice en terreno a raíz de esta investigación periodística, que se investigue si existen las construcciones", aseguró.
El jefe comunal agregó que se citará "a cada uno de los contribuyentes al Municipio a regularizar lo que significa la obtención del permiso de edificación y la recepción final. Por supuesto, en cada caso cancelando los cánones correspondientes con las multas y los intereses que corresponde aplicar".
Toda persona que va a levantar una construcción, sea en sitio urbano o agrícola, tiene que pedir un permiso de edificación con un proyecto definido por un arquitecto el que, además de ser aprobado por la Dirección de Obras, tienen que pagar los permisos correspondientes a la Municipalidad; y lo segundo que una vez que el propietario termina la construcción del loteo, debe volver al Municipio para pedir la recepción final y un inspector de la Dirección de Obras verifica en terreno que el proyecto aprobado haya sido concretado tal cual y con las mismas condiciones técnicas en el terreno a la hora de ser levantado.
Mientras el ministro del Interior, Mario Fernández, adelantó que pueden haber bajas en la intitución y que preparan un plan de cambios que estará listo el día 28 de abril.
"Me refiero a un basto plan de medidas de corto, mediano y largo aliento. Es posible seguramente que dentro de las medidas de corto plazo se encuentren algunas que tengan que ver con ajustes en materia de personal pero lo vamos a ver esto el día 28 de abril", dijo el ministro.
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Experto: "Hay un problema de carácter ético"
El director ejecutivo del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile, Gonzalo Polanco, explicó a Cooperativa que como la ley tiene ciertas ambigüedades, efectivamente hay personas que recurren a estos resquicios.
"Hay un problema de carácter ético respecto de cómo los y las contribuyentes se amparan en ciertas deficiencias de la ley para hacer aparecer un terreno que no es agrícola como algo que no es tal, en circunstancias que para todas las personas resultan más o menos evidente que ahí no se van a desarrollar ningún tipo de actividad de carácter agrícola", aseveró.
Polanco dio cuenta de que hay personas que se apegan a que el terreno tiene "características para ser usado para la agricultura", más allá que no esté siendo usado como un suelo agrícola, pero la mayoría de los ciudadanos concurre a los organismos competentes -en este caso el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)- para cambiar el uso de suelo cuando éste se utiliza para construir una casa o una parcela de agrado.
Esto último no lo han realizado los altos funcionarios activos y en retiro de Carabineros valiéndose del resquicio en la ley.
Este hecho se suma a la declaración pública emitida por el general contralor de la República, Jorge Bermúdez, quien informó remitieron al Ministerio Público los antecedentes de dos funcionarios del organismo que hace algunos años omitieron antecedentes relevantes sobre irregularidades de Carabineros y faltaron gravemente al cumplimiento de sus deberes como fiscalizadores.
Además, Bermúdez también dispuso un sumario interno en la contraloría.
