El abogado defensor Lorenzo Avilés, que representa a un grupo de suboficiales del Ejército involucrado en la investigación por el eventual fraude del Fondo de Ayuda Mutua (FAM), señaló que el mecanismo era un "acto voluntario en la forma, pero en los hechos no era".
Este miércoles el Ejército confirmó la existencia de dos investigaciones sumarias para indagar un eventual fraude del FAM, además de la indagatoria del Ministerio Público en Aysén que implicará la formalización de 800 militares activos y retirados tras detectarse pago de deudas privadas (a través del "Plan de Cultura y Clima Organizacional") por montos cercanos a 3.000 millones de pesos.
Este fondo existe desde la década de los 50 en Aysén y se conformaba por suboficiales de la institución y tenía carácter de privada para generar "ayudas solidarias entre el personal", el cual funcionó hasta que se declaró su insolvencia en 2008 y en ese año se decidió efectuar medidas administrativas por la afectación a funcionarios.
El 2017 se presentó una denuncia por parte del Ejército tras un informe de la Contraloría que señala irregularidades cometidas en 2015 y 2016 por concepto de comisiones de servicio y contratos a honorarios en la IV División de Ejército, que se sumó a dos investigaciones sumarias para determinar responsabilidades en el hecho.
El abogado defensor Lorenzo Avilés, representante de suboficiales que aparecen como imputados en el caso, explicó que "lo que señalan los suboficiales es que si bien era un acto voluntario en la forma, en los hechos no era tan voluntario, de hecho tanto llegaba un suboficial a la región le decían tienes que inscribirte en el FAM. Esto creció en algún minuto bastante, recordémonos que en el año 78 el Regimiento en Coyhaique llegó a tener 5.000 soldados".
Luego, en 2006, el fondo se quedó sin recursos, los cuales eran guardados en cuentas fiscales de la institución y no era reinvertido, por ende, las ganancias dependían de que nuevos suboficiales ingresaran a la estructura, que tiene tintes de piramidal. "Entre medio empezaron a aparecer otros beneficios que se iban dando a los funcionarios y por eso este sistema se desfinanció", dijo Avilés.
El abogado Cristián Cruz solicitó hace dos años información sobre las deudas a privados y el Ejército aseguró que desconocían el hecho. "Esta es una deuda entre privados, son integrantes de la tropa que le debe a otros que no la devuelve, y el Ejército en vez de cobrar, en vez de usar los mecanismos que señala la ley, prefieren ellos responder", explicó.
"Es brutal, entonces para tapar un desfalco no les dicen 'señor, vaya usted al tribunal y cobre la deuda", recalcó.
