Este miércoles se dio a conocer una denuncia de un millonario fraude en el Ejército de los fondos de la Ley Reservada del Cobre, donde millones de dólares habrían desaparecido a través de operaciones fraudulentas que comenzaron en 2010 y que continuaron hasta marzo de 2014.
La investigación realizada por The Clinic motivó a que la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados citara a las autoridades del Ejército a la instancia para aclarar la situación al interior de la institución.
El presidente de la comisión de Defensa, diputado Jaime Pilowsky (DC), sostuvo que "se trata de un escándalo de corrupción al interior del Ejército con dos personas involucradas a la fecha y lo primero que hay que aclarar o investigar es si son dos personas que se juntan para delinquir o si aquí hay una red más profunda que es necesario investigar y sancionar".
Precisó que "la Comisión de Defensa citará para la próxima sesión a las autoridades del Ejército para que nos puedan explicar cuáles fueron los antecedentes que ellos tuvieron o dispusieron y, además, las medidas que se han tomado para evitar que estas situaciones se vuelvan a repetir".
"No es posible que frente a tantos recursos hayan fallado los controles y, en definitiva, dos personas puedan defraudar al fisco con tanta desfachatez", afirmó, indicando que es necesario hacer modificaciones en la Ley Reservado del Cobre.
El jefe de bancada DC, diputado Ricardo Rincón, dijo que "estoy oficiando al Ministro de Defensa para que ordene e instruya la realización de un sumario en el Ejército, destinado a verificar estos hechos y, de ser efectivos, destituir a los civiles y uniformados involucrados en este caso que, reitero, de ser cierto, sería de máxima gravedad, pues se trata de recursos de todos los chilenos".
"Es fundamental que el Ejército, a la brevedad, y el Ministro de Defensa también, apliquen drásticas sanciones y transparenten lo que ha ocurrido", añadió.
Primeros indicios en abril de 2014
Según lo informado por The Clinic, en abril de 2014 fueron descubiertos los primeros indicios del desfalco a los fondos de la Ley Reservada del Cobre, operaciones que inicialmente involucraron 103 millones de pesos y que, actualmente, ascenderían ya a miles de millones de pesos y cuya investigación está a cargo de la abogada Paola Jofré de la VI Fiscalía Militar.
El hecho involucra al coronel Clovis Montero, detenido y principal imputado, y al cabo Juan Carlos Cruz, también detenido.
La primera versión de los ilícitos, que según el medio electrónico fue reconocida por los involucrados, apuntó a que existía una defraudación ocurrida solo entre enero y marzo de 2014.
Esta irregularidad corresponde a compras falsas de repuestos para autos militares efectuadas a través de la empresa Frasim, representada por Francisco Javier Huincahue, que es un proveedor habitual de la institución en el rubro "material de guerra y repuestos". Esta emitió diez facturas por repuestos de autos militares que jamás fueron entregados.
El cabo Cruz admitió haber recibido 15 millones de pesos en sobornos en esta sola operación. Tras ser descubierta la operación en 2014, el coronel Montero contactó a Huincahue y le pidió que Frasim devolviera el último pago recibido por 53 millones de pesos.
Huincahue accedió y pasó a Montero un vale vista del Banco de Crédito e Inversiones, el que el coronel entregó a su vez al tesorero del Ejército, el general Samuel Poblete, en el estacionamiento del Edificio Bicentenario.
El coronel Montero dijo que intercedió en el caso de Frasim para obtener las facturas que el cabo Cruz le solicitó para la División de Mantenimiento, en especial para un supuesto beneficio del general Héctor Ureta, jefe de esa área; mientras que el cabo Cruz admitió que falsificó la rúbrica del general Ureta y aseguró a la Justicia Militar que la iniciativa fue de Montero.
Las pesquisas prosiguieron y se reveló que eran varias las empresas involucradas en operaciones similares con los fondos de la Ley Reservada del Cobre, cuyos recursos han sido solicitados por diversos actores políticos para financiar programas sociales.
El comandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo, informó al entonces ministro de Defensa, Jorge Burgos, de la situación en diciembre de 2014. (Foto: UNO)
En mayo de 2014, el tesorero del Ejército, el general Samuel Poblete, detectó que fueron falsificadas las firmas del coronel Pedro Ferrer en operaciones por 303 millones de pesos a través del proveedor Raúl Fuentes Quintanilla y en otros 50 millones cuestionados de Frasim, propiedad de Francisco Huincahue.
Ese mismo mes, el coronel Montero cambió su declaración y sostuvo que tras gestionar un primer pago por 50 millones a Frasim, se juntó con el dueño de esa empresa, quien le pasó unos 35 millones en una bolsa negra, en los estacionamientos del Club Hípico.
El cabo Cruz también admitió a la Justicia Militar que también falsificó los timbres institucionales en un comercio de calle Nueva York y que las facturas fraudulentas pagadas a Fuentes Quintanilla eran de su autoría.
Oviedo informó a ministro Burgos
En junio de 2014, con los nuevos antecedentes, la Contraloría del Ejército envió un informe reservado a la Comandancia de Apoyo a la Fuerza, detallando que las facturas falsas de Frasim ascendían a 127 millones de pesos y que las de Raúl Fuentes Quintanilla superaban los 303 millones de pesos.
Las cifras fueron ascendiendo, encontrándose incluso problemas en facturas por 2.200 millones de pesos de Frasim y de Raúl Fuentes Quintanilla, y en diciembre de 2014, el comandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo, informó al ministro de Defensa, Jorge Burgos, actual titular de Interior, de la situación en un oficio de 20 páginas.
Según The Clinic, ahí sostuvo que tres proveedores de su institución habían cobrado facturas que no se encontraban autorizadas por el Servicio de Impuestos Internos. Otras facturas correspondían a empresas con término de giro o con denuncias por suplantación o pérdida de documentos.
Revisa los documentos a los que accedió The Clinic.
