La Contraloría General de la República detectó irregularidades en gastos y una decena de situaciones de desorden administrativo en la rendición y ejecución presupuestaria de las agregadurías militares del Ejército de Chile presentes en el extranjero, durante el período comprendido entre enero del 2019 y diciembre del 2020.
Según el informe final del órgano fiscalizador, que recoge La Segunda, esas oficinas utilizaron casi 2 millones de dólares del Presupuesto Nacional para sus gastos entre las fechas consignadas, de los cuales se desprenden algunas anomalías.
Entre aquellas de desorden administrativo, se apuntó la ausencia de conciliaciones bancarias, la inexistencia en dos casos de cuentas corrientes para la administración de recursos, el no envío de rendiciones de cuentas, la inexistencia documentos que acrediten que algunas rendiciones fueron autorizadas, el ingreso de rendiciones a la contabilidad del Ejército por ítems (sin detalles), el cálculo manual de los viáticos, así como actos administrativos extemporáneos, la no acreditación del tipo de cambio utilizado y la existencia de documentos de gastos sin traducir.
En tanto, dentro de las irregularidades fueron detectadas algunas vinculadas a gastos de vivienda, de transporte, de arriendo de vehículos, de pago de intereses por mora y "un gasto improcedente por la compra de una máquina contadoira de billetes".
Respecto a la primera, destaca el caso de una rendición por pagos de gastos comunes de cuatro viviendas fiscales proveídas por el Fisco, por más de 18.200 dólares, para su devolución, pese a que el reglamento respectivo establece que esos gastos corresponden al personal asignado con cargo a su "asignación mensual de costo de vida".
Igualmente el informe advirtió que una agregaduría militar gastó 14.000 dólares en un denominado "premio al mejor comandante", sin acreditar las autorizaciones respectivas, el motivo del premio ni la identidad del galardonado.
La investigación de Contraloría no identificó al personal involucrado ni el país de destino de las agregadurías.
De todos modos, dio al Ejército un plazo de entre 30 y 60 días para que corrija las falencias y logre la devolución de los montos mal asignados.
