Un informe del Ejército realizado en octubre del año pasado concluyó que no es delito la devolución de excedentes de pasajes por comisiones de servicio en el extranjero, lo que se contrapone con lo investigado por la ministra en visita Romy Rutherford, quien procesó, entre otros, al ex comandante en jefe de la institución Juan Miguel Fuente-Alba.
La magistrada, que ya ha encausado a una decena de oficiales por fraude al Fisco, estableció que existía entre los uniformados un mecanismo para quedarse con los excedentes de los dineros de los pasajes y viáticos y utilizarlos para irse de vacaciones junto a familiares.
Luis Valentín Ferrada, abogado del coronel (r) Sergio Vásquez, ex jefe de Finanzas del Ejército y procesado por fraude al Fisco, aseguró que "esto era el ejercicio de un derecho y una práctica común".
"En caso alguno -atendidos los antecedentes que puse a disposición de la Corte en octubre del año pasado- cabía pensar es que en esto hubiera dolo, que hubiera una intención de cometer delito. La figura del delito no existía, porque tenía este amparo en los propios reglamentos y leyes del Ejército", expuso Valentín Ferrada.
Práctica común, pero ilegal
En tanto, el senador Carlos Bianchi, presidente de la Comisión de Defensa del Senado, opinó que el documento en cuestión "es un informe que tiene una clara intencionalidad, quiere inducir para que se quiera hacer ver que todo esto está bajo la legalidad absoluta", pero "ésa es una situación que tiene que determinar la justicia".
Su par de la Cámara Baja, el diputado Manuel Matta (DC), afirmó que ésta era una práctica que, no por ser común, puede considerarse que fuera "correcta, legal, apegada a la norma, en términos de los viajes".
"Aparentemente estas cosas se hacían con el acuerdo y el conocimiento de todos, y entre todos en el alto mando, pero eso no es obstáculo para que finalmente uno declare que esa práctica era completamente al margen de la ley", razonó.
Transparencia pide derogar secretos militares
Finalmente, Marcelo Drago, presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), señaló que "una de las principales reformas que hay que impulsar en el corto plazo es la derogación o al menos la reforma sustantiva del artículo 436 del Código de Justicia Militar, que permite los secretos militares".
Drago remarcó que "ha habido un abuso de la legislación en esta materia muy sustantivo aduciendo a la seguridad nacional como justificación para mantener ciertos niveles de secreto y reserva en cuestiones que no dicen relación con la seguridad nacional ni se justifican de ninguna forma".
