La ministra en visita Romy Rutherford, quien investiga de forma exclusiva las aristas asociadas al fraude en el Ejército, sometió este lunes a proceso al ex comandante en jefe Óscar Izurieta como autor de malversación de caudales públicos y falsedad de documento militar por el uso de gastos reservados de la institución.
En esta etapa procesal, la magistrada responsabilizó a Izurieta del mal uso de fondos asignados a la institución por un monto total 6.374.996.162 pesos, que corresponden al periodo entre marzo de 2006 y marzo de 2010 y que fueron actualizados a la fecha.
Rutherford ordenó también el embargo de bienes por un monto total de 6.500 millones de pesos al general en retiro, y su ingreso en prisión preventiva en el Batallón de Policía Militar de Peñalolén.
En tanto, sobre su responsabilidad en la falsedad de documento público, la resolución indicó que el ex comandante en jefe mintió en "las rendiciones de cuenta, declaraciones juradas y sus anexos, respecto de los gastos reservados correspondientes a los ejercicios presupuestarios de los años 2006, 2007, 2008 y 2009 que fueron remitidas al Contralor General de la República de la época".
DETALLES DE SU PARTICIPACIÓN
Esta era la única ex autoridad castrense que no había sido procesada en el marco de las aristas del caso, que ya mantiene procesados a altos mandos de la institución por el presunto desvío de dinero, proveniente de gastos reservados.
Izurieta entró al foco de Rutherford luego de que dos testigos claves que manejaban las remesas de gastos reservados -que lideró el imputado entre el 2006 y el 2010- lo nombraran en sus declaraciones: ellos son el coronel Sergio Vásquez y quien lo antecedió en finanzas, Jorge Cortés.
Además, aparece mencionado en la declaración del general en retiro Fuente-Alba, quien confirmó el pago de 800 mil pesos mensuales a ex comandantes en jefe, donde uno de los receptores sería el propio Óscar Izurieta.
IMPORTANCIA DEL PROCESO JUDICIAL
Sobre este procedimiento judicial, la presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente, indicó que "es de suma relevancia que las instituciones que persiguen y sancionan este tipo de actos lo hagan de manera adecuada y libre, dado que es una señal muy potente para la ciudadanía".
"Creo que hay que ser claros y contundentes ante acciones que, de ser demostradas, ponen en entredicho la confianza en las instituciones claves para el sistema democrático. Ya vimos que noticias como estas son de extrema gravedad y apuntan a prácticas institucionales que debieran revisarse y, por supuesto, desterrarse", puntualizó.
"Hoy se completa la trilogía de los tres últimos ex comandantes en jefe que están procesados por delitos de fraude al fisco, malversación de fondos y lavado de activos", indicó el diputado socialista Leonardo Soto, quien participó en la comisión investigadora de las irregularidades en el Ejército.
El parlamentario valoró que Izurieta "se mantiene detenido y a la espera de que se inicie el juicio público a través del cual se les van a asignar las condenas respectivas, que espero que sean las más severas que establece la ley a cada uno de los cabecillas de esta máquina de defraudación militar".
En tanto, su par de RN Luis Pardo, integrante de la Comisión de Defensa de la Cámara Baja, comentó que "cualquier caso de malversación de fondos públicos reviste la mayor gravedad y debe ser investigado a fondo, y en ese sentido, hay que esperar el resultado de la investigación, pero si hubiese ocurrido me parece muy repudiable, sobre todo tratándose de fondos reservados que tienen un fin muy específico en nuestra legislación".
"También hay que hacer presente que este presunto delito se habría cometido antes de las modificaciones que se han hecho al control de los fondos reservados, tanto por parte de la Contraloría como por otros mecanismos que se implementaron a partir de los fraudes que ya se habían conocido", apuntó.
