El Ministerio de Defensa salió a expresar su "irrestricto apoyo" a la labor del Poder Judicial, luego de que el general Ricardo Martínez cuestionara que -según él- no se le ha respetado la presunción de inocencia, tras comunicar su renuncia a la comandancia en jefe del Ejército luego de que se conociera que fue citado a declarar como inculpado en el marco del "milicogate" que investiga la ministra en visita Romy Rutherford, de la Corte Marcial.
"Quiero manifestar el irrestricto apoyo del Gobierno a la autonomía y funciones del Poder Judicial, contempladas en nuestra Constitución y en las leyes que nos rigen", manifestó el ministro Baldo Prokurica, a través de un comunicado, recalcando que en la cartera "han sido y seguirán siendo activos colaboradores en todos los requerimientos de información solicitados por la Justicia, y que involucran a integrantes de las Fuerzas Armadas".
Asimismo, enumeró 20 medidas que el Ministerio ha impulsado durante el segundo Gobierno de Sebastián Piñera, a fin de "mejorar la probidad, la transparencia y el control civil en las FF.AA., con lo que se busca poner un cerco a la corrupción".
Destacó, entre ellas, "la derogación de la Ley Reservada del Cobre, que establece un nuevo mecanismo de financiamiento de las capacidades estratégicas; así como una nueva ley que regula los gastos reservados, que son fiscalizados por el Ministerio de Defensa Nacional, la Contraloría y la Comisión de Inteligencia de la Cámara de (Diputadas y) Diputados".
En esa línea, hizo un llamado: "Todos los miembros de las FF.AA., desde el comandante en jefe hasta el último soldado, marino o aviador, tienen la obligación legal, moral y ética de mantener en alto el honor que han depositado en ellos la Patria y todos los chilenos y chilenas".
"HAY CONDICIONES ESTRUCTURALES QUE FAVORECEN LA CORRUPCIÓN"
Tras confirmarse la renuncia de Martínez, que ya fue aceptada por el Mandatario, el diputado socialista Leonardo Soto, que presidió una comisión investigadora del "milicogate", planteó la necesidad de una "reforma profunda" en la institución castrense.
"Esta corrupción generalizada, distendida por muchas décadas, se produce porque hay condiciones estructurales institucionales que la favorecían", afirmó en El Diario de Cooperativa.
Aquello debe ser "cambiado radicalmente", apuntó, instando a que el nuevo comandante en jefe, Javier Iturriaga del Campo -asumirá el 9 de marzo-, "debe iniciar una reforma profundísima, que establezca mayores niveles de transparencia, control civil, supervisión directa, mayores sanciones".
La misión es "fortalecer a las Fuerzas Armadas erradicando cualquier signo de corrupción y todas las condiciones institucionales que lo hicieron posible", enfatizó.
A su vez, la diputada Maya Fernández (PS), quien el 11 de marzo asumirá como ministra de Defensa, afirmó que "en el programa del próximo Presidente hay una agenda de probidad, que tiene ser construida también en las Fuerzas Armadas para que no vuelvan a ocurrir hechos como los conocidos".
"Siempre ha habido una disposición desde el Ministerio de Defensa para colaborar en lo que se requiere", postura que ella continuará, agregó, complementando que "hay proyectos de ley que tiene que seguir avanzando y que creo van a aportar en ese camino de probidad y transparencia".
