Un nuevo foco de críticas estalló durante las últimas horas contra el director administrativo de la Presidencia, Cristián Riquelme Urra: el militante PPD, miembro del llamado G-90 liderado por Rodrigo Peñailillo, que hace meses es objeto de duras críticas a raíz de su vinculación con los casos SQM y Caval.
Un reportaje publicado por Ciper reveló que dos empresas fundadas por Riquelme tras el fin del primer Gobierno de Michelle Bachelet firmaron contratos con el Estado por 417 millones de pesos entre los años 2013 y 2015.
Se trata de 39 órdenes de compra a las compañías Greentec (por un total de 228 millones) y Comercial A y R (también llamada Socoar, con 188 millones); la mayoría relacionada con venta de insumos clínicos al sistema de salud público.
La investigación resaltó que Riquelme se retiró de ambas sociedades durante 2014, pero éstas quedaron en manos de personas de su círculo cercano: A y R es controlada por su esposa, Ada Álvarez, mientras que Greentec la dirige su ex socio Julio Campos Quintana.
Esta última Riquelme también intentó "vendérsela" a su mujer, pero la acción quedó anulada por ser ilegal.
"No puede seguir"
La publicación de estos antecedentes ya genera una serie de reacciones entre los parlamentarios -oficialistas y de oposición- que formaron parte de la comisión investigadora del caso Caval, quienes han pedido reiteradamente la salida de Riquelme desde su cargo en La Moneda.
"Los antecedentes, por sí solos, son graves. Aquí, al parecer, se utilizó a testaferros o familiares de Riquelme para continuar operando", afirmó el diputado DC Gabriel Silber, presidente de la instancia investigadora, quien resaltó que los contratos "se entrecruzan con ex funcionarios de la propia institución que compra servicios, lo cual claramente es un conflicto de intereses".
"A mi juicio ya es determinante que Cristián Riquelme no puede seguir en funciones en el Palacio de La Moneda si es que, genuinamente, se quiere separar aguas con este caso y con los otros que han sido materia de cuestionamiento anteriormente, a raíz del caso Caval", opinó Silber.
"Tiene prontuario"
En la misma línea, el diputado UDI Felipe Ward señaló que a estas alturas "se hace insostenible que La Moneda guarde silencio y que lo siga manteniendo ahí".
"Si no le piden la renuncia, que renuncie él, pero que no siga dañando a la Presidenta y a La Moneda", emplazó el parlamentario gremialista, subrayando que "no hay ninguna buena razón para que él se mantenga en su cargo".
"Ésta es una persona que tiene prontuario en este tipo de materias y yo creo que éste ya es el antecedente final. Si siguen protegiendo al administrador de La Moneda y no lo sacan de su cargo después de conocidos estos antecedentes, esto huele pésimo", advirtió Ward.
"Es probable que haya delitos"
Mario Zumelzu, abogado UDI querellante en el caso Caval, aseguró, en tanto, que los negocios de las empresas ligadas a Riquelme deben investigarse a fondo, pues "es probable que se estén configurando algunos delitos", como "puede ser el de soborno y tráfico de influencias".
"Los antecedentes, a mi juicio, son gravísimos y ameritan una investigación profunda y, además, la remoción de Cristián Riquelme de su puesto en La Moneda. Obviamente que no es casualidad que se obtengan contratos con el sector público cuando se ocupa una posición tan importante y dominante como jefe administrativo de la casa de Gobierno", reflexionó Zumelzu.
El jurista especuló que "si se le sigue confirmando en el cargo que actualmente tiene, quiere decir que la única razón que existe para ello es que Riquelme tiene información demasiado importante de las campañas de Bachelet".
