Ex fiscal Peña y su renuncia al Gobierno: Fui engañado y estoy sumamente dolido

"Ambos fuimos engañados", así dijo el ex fiscal jefe de la Fiscalía Metropolitana Sur Alejandro Peña en alusión al subsecretario Rodrigo Ubilla y a la polémica por los presuntos sobreprecios en la licitación de equipos antidrogas para el Plan Frontera Norte que motivaron su renuncia, hace una semana, a la jefatura de la División de Estudios del Ministerio del Interior.

"No está involucrado para nada. Está sumamente dolido, igual que yo", dijo Peña en una entrevista con el diario La Tercera, mostrando un giro respecto de su declaración del martes ante la Fiscalía, cuando aseguró que el responsable de la aprobación de los contratos con la empresa Tecnodata era Ubilla en su rol de jefe del servicio.

El polémico funcionario defendió su inocencia en este caso, que provocó durante la presente semana la salida de dos de sus ex subalternos del Gobierno e incautaciones de computadores en las dependencias de la Subsecretaría, la última, ayer, la del equipo del jefe del Departamento de Crimen Organizado Marko Magdic, quien también trabajaba bajo sus órdenes.

"En la Subsecretaría no hay desorden, todo esto es un hecho profundamente lamentable. Sin embargo, cuando se cometen delitos no hay control que resista", comentó el renunciado funcionario, que dijo compartir además la decisión de Ubilla de congelar una licitación que estaba pendiente con Tecnodata y que consistía en la adquisición de visores termales para detectar a narcotraficantes en el altiplano.

"Me parece sumamente acertada. Creo que él debe seguir liderando la investigación que se está realizando. No sé si otra persona pudiera hacerlo, porque él conoce en detalle todo lo que se hizo", señaló Peña, que puso énfasis en la seriedad del caso, que pone dudas sobre el Plan Frontera Norte, que contempla un presupuesto de 10 mil millones de pesos y fue diseñado para poner atajo al ingreso de drogas en límite norte del país.

"Acá no se están comprando computadores ni automóviles. Acá se están comprando instrumentos que estaban destinados a un noble fin, que era evitar que la droga ingrese a nuestro país. Acá el único que gana es el crimen organizado. Falta una jueza como Gloria Ana Chevesich (que indagó las irregularidades del caso MOP Gate), que sacuda el sistema y que investigue, que sacuda a todos los proveedores de estos equipos", declaró Peña, que no oculta sus sospechas ante Alfredo Giacoman, a quien asegura no conocer personalmente.

"No sé si Giacoman tenía permeado sólo mi departamento. Él no sólo es un proveedor de acá. Estos sujetos no tienen ninguna ética en los negocios", advirtió.

En la entrevista, Peña dijo lamentar "en lo personal" la salida del ingeniero comercial Felipe Baeza, hombre de su confianza y que él mismo convenció de dejar la Fiscalía Sur para trasladarse a La Moneda. Baeza fue interrogado como imputado y aparece como principal responsable de la aprobación de los contratos. Ubilla le pidió la renuncia, que se concretó el lunes.

"A Felipe lo traje yo. En su caso las confianzas están congeladas. Le tengo un profundo aprecio. Si se comprueba su inocencia se le ha hecho un profundo daño. Si se comprueba su culpabilidad no solamente se le ha hecho un profundo daño al Fisco, sino también a las confianzas personales", dijo.

Su opinión es distinta respecto del sociólogo y ex funcionario de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) Carlos Alvarez, quien formaba parte del Departamento de Crimen Organizado de Interior y debió renunciar ayer, luego de que la Fiscalía detectara que intercambiaba correos electrónicos con Alfredo Giacoman, el dueño de Tecnodata, la firma proveedora de los equipos supuestamente sobrevalorados.

"Carlos Alvarez nunca transparentó su relación con Giacoman al interior de la División. El no tenía por qué tener relación con los proveedores y no tendría por qué haber tenido antecedentes de la licitación", señaló Peña.

"Cuando trabajo en un grupo interdisciplinario, no puedo estar vigilando las comunicaciones. Ni con quiénes hablan ni con quién dejan de hablar, ni qué correos electrónicos envían. Está prohibido en la Constitución. Además, estoy trabajando en La Moneda, con personas honorables, no en el penal Santiago Uno", argumentó.

En en el marce de este mismo caso, y según también reporta La Tercera, el fiscal nacional, Sabas Chahuán, ordenó enviar al fiscal regional Centro Norte, Andrés Montes, los antecedentes sobre la adquisición vía trato directo de un equipo para realizar escuchas telefónicas que en noviembre de 2009 le hizo el Ministerio Público a Tecnodata.

La noticia fue confirmada al diario por el director ejecutivo de la Fiscalía, Pedro Bueno, que aseguró que ésa es la única transacción que la institución ha hecho con la firma de Alfredo Giacoman.

La compra sin licitación tuvo un costo de 25,2 millones de pesos y consistió en un equipo marca Phoenix American Technologies, modelo RT-8100, que también es usado por la Policía de Investigaciones y Carabineros para interceptar llamadas.

Bueno explicó que el aparato se adquirió de manera directa dado que Tecnodata es el único representante del fabricante norteamericano en Chile. "No teníamos mucho dinero y llamamos a Estados Unidos, pero nos dijeron que había que entenderse con Tecnodata", afirmó.

El precio pagado por la Fiscalía a Tecnodata es más caro que lo cancelado por la PDI en otras oportunidades por el mismo aparato. En septiembre de 2006 la PDI licitó tres unidades del modelo RT-8100 que serían destinadas a Puerto Montt, con un costo unitario de 17,5 millones, que se adjudicó Tecnodata.

En febrero del 2008, la policía civil compró otro de estos equipos, pero forma directa a Phoenix American Technologies, a un precio de 13,2 millones cada uno, casi la mitad de los que pagó la Fiscalía Nacional el 2009.

"Probablemente, nos costó más caro. Tratamos de pagar menos comprando al fabricante, pero Phoenix nos dijo que no se podía, que debíamos hacerlo a través de Tecnodata", señaló Bueno.

El dueño de la cuestionada empresa, Alfredo Giacoman, afirmó que "la diferencia en los precios se debe a que la PDI tiene beneficios tributarios para importar productos y la Fiscalía no puede hacer eso".