El ministro del Interior (s), Manuel Monsalve, aseguró que el lunes serán tramitadas en el Congreso dos indicaciones del Ejecutivo.
"Estamos buscando certezas jurídicas y un mandato legal expreso para ejercer esa facultad", señaló la autoridad.
El Gobierno postergó para la próxima semana el envío de su propuesta para revertir pensiones de gracia a personas que hayan cometido delitos.
El próximo lunes, la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja recibirá a la contralora subrogante Dorothy Pérez, quien entregará una opinión jurídica sobre la posibilidad de invalidar o revocar el otorgamiento de pensiones de gracia.
Esto, particularmente por los casos de Andrés Fuica, Gabriel Allende, Adán Castro, Eliseo Carrera y Jonathan Parra, que habiendo recibido este beneficio se ha detectado que han cometido delitos y que tienen antecedentes penales.
El presidente de la instancia, Andrés Longton (RN), dijo esperar que Pérez "señale la viabilidad jurídica para que este Gobierno deje sin efecto lo antes posible, sin esperar a un proyecto de ley que puede demorar, algunas de las pensiones de gracia otorgadas por este Gobierno, y a las cuales se les dobló el valor, algunas llegando a montos superiores a los 500 mil pesos, a pesar de haber sido condenados por delitos durante el estallido social, y no haber acreditado su calidad de víctima".
"Es escandaloso que con recursos públicos se le esté financiando la vida a delincuentes, y algunos incluso están fugados de la Justicia", reprochó el diputado.
Aunque desde la Contraloría emitan un pronunciamiento, existen dudas respecto de que puedan revocar o invalidar una pensión ya otorgada, menos sin un cambio legal.
Por lo anterior, el ministro del Interior subrogante, Manuel Monsalve, aseguró que el lunes serán tramitadas en el Congreso dos indicaciones del Ejecutivo de ese propósito, entre ellas, una que "busca establecer la obligación legal de que las autoridades tengan a la vista los antecedentes penales previo a la entrega de las pensiones de gracia".
"Nosotros tenemos una clara determinación de revocar beneficios, pero si lo hiciéramos sin certeza jurídica, esa persona recurriera a la Justicia y fuera revertida la decisión que tomó el Gobierno, en este caso el Presidente de la República, ¿cuál es la confianza que podría tener el país respecto a las decisiones que tomamos?", expresó el subsecretario.
"Por eso que estamos buscando certezas jurídicas y un mandato legal expreso para ejercer esa facultad. Normalmente las leyes no tienen un efecto retroactivo", puntualizó.
Las indicaciones irían en la vía de dar atribuciones al Mandatario para revocar pensiones de gracia ya otorgadas y, la segunda de ellas, a obligar tener a la vista los antecedentes penales antes de otorgar pensiones. Esa obligación hoy no existe.
El Gobierno anterior, de Sebastián Piñera, alcanzó a entregar 17 pensiones de gracia a personas con antecedentes penales, y el actual, de Gabriel Boric, las ha otorgado a 24: en total representan cerca del 10% de las 418 personas que reciben el beneficio pecunario por haber sufrido lesiones durante el estallido social, iniciado en octubre del 2019.
En septiembre ya hubo controversia al respecto, pues aquella vez Monsalve expuso las cifras. Posteriormente, la oposición presentó tres proyectos de ley para impedir la concesión de pensiones de gracia a quienes registren antecedentes o condenas penales, y limitar la discrecionalidad y fomentar la transparencia en la entrega de la misma (boletines 16305-31, 16310-31 y 16304-31), que fueron refundidos en uno solo, y a éste el Ejecutivo le ingresará las indicaciones.
