El sociólogo Carlos Álvarez dejó la unidad de Crimen Organizado del Ministerio del Interior.
Su dimisión se suma a las del ex fiscal Alejandro Peña y Felipe Baeza.
Una tercera baja en el Gobierno a raíz del "caso sobreprecios" se confirmó este jueves, con la renuncia del sociólogo Carlos Álvarez, funcionario del Departamento del Crimen organizado de la División de Estudios de la Subsecretaría de Interior.
Álvarez se reunió a primera hora de esta mañana en el Palacio de La Moneda con el subsecretario Rodrigo Ubilla, quien le solicitó que dimitiera del cargo.
El ahora ex funcionario había sido apuntado por sus comunicaciones vía correo electrónico Alfredo Giacoman, dueño de la empresa Tecnodata, que –según la denuncia del portal Ciper, presentada luego por el Gobierno ante la Fiscalía- se adjudicó una licitación para la venta de densímetros y fibroscopios (equipos antidrogas que serían utilizados en el Plan Frontera Norte) por el cual el Gobierno iba a pagar sobreprecios equivalentes al 400 por ciento del costo real.
Según explicó Ubilla a la prensa en Palacio, él le pidió la renuncia a Álvarez (del mismo modo como lo hizo, días atrás, con Felipe Baeza, encargado de la cuestionada licitación en su rol de jefe de proyectos de la División de Estudios del Ministerio del Interior) por no haber actuado con la debida "transparencia".
"Hace un momento le pedí la renuncia a Carlos Álvarez, no porque le asigne a él responsabilidad en el orden administrativo ni menos penal -no me corresponde a mí hacerlo-, pero me parece que la información que conocí el día de ayer por la prensa la debiera haber recibido directamente de él, inmediatamente acontecidos los hechos el día viernes pasado", dijo Ubilla.
"Ése es el fundamento. Le expliqué la razón, y bueno, espero que se instrumente y haga efectiva a partir del día de hoy", añadió el subsecretario.
Ofreció "disculpas"
La renuncia de Álvarez, hoy, sigue a la de Felipe Baeza, el día lunes, y a la del ex fiscal Alejandro Peña, quien ejercía como jefe de la División de Estudios y dimitió de manera voluntaria el día viernes, a diferencia de sus dos subalternos.
Durante la pasada jornada funcionarios del OS-7 de Carabineros concurrieron hasta las oficinas de la Subsecretaría para incautar el computador del funcionario. En este contexto, el ministro Rodrigo Hinzpeter anunció que le había pedido a Ubilla que adoptara "las decisiones que correspondan, que él informará cuando hayan sido adoptadas", lo que se concretó hoy.
De acuerdo a lo señalado por el subsecretario, en el encuentro de esta mañana Álvarez le pidió disculpas por no haber guardado todo el "celo" necesario en el marco de su labor, sin reconocer, no obstante, haber incurrido en actos ilícitos.
Ante la petición de que abandonara el Gobierno, el afectado respondió "que no consideró, que no lo pensó, que no evaluó las dimensiones, incluso tuvo un acto de humildad al pedir las disculpas respectivas, pero me parece que por el bien del servicio y por la relación que tiene que existir de transparencia de la información al interior de un ministerio como éste, amerita haberle solicitado la renuncia", agregó Ubilla.
Su "amistad" con Giacoman
El diario El Mercurio publica este jueves, precisamente, una entrevista a Carlos Álvarez, quien reconoce haber intercambiado correos electrónicos con Giacoman e incluso sobre aspectos técnicos, aunque niega haberle entregado "información privilegiada" sobre la licitación del Plan Frontera Norte.
"A Alfredo lo conozco hace más de diez años, somos amigos. Con él tengo una relación cercana y, como hacen las personas con sus amigos, conversamos, nos llamamos y nos mandamos correos", explicó.
Respecto de las acusaciones en su contra es enfático: "A Alfredo no le entregué ni por escrito ni en persona información privilegiada sobre la licitación de densímetros y fibroscopios. (...) En primer lugar yo no opero así, y por lo demás, no tenía mayores antecedentes sobre este proceso que los que aparecían normalmente en la prensa", dice Álvarez, quien es considerado un experto en temas de seguridad, ya que trabajó anteriormente en la Agencia Nacional de Inteligencia, ANI.
"Por lo demás, no participé ni formé parte en el proceso de licitación, en ninguna de sus fases, la cual estaba a cargo exclusivamente del Departamento de Proyectos que, de hecho, fue creado, entre otros, para esos fines", añadió el ex funcionario de Gobierno, que admite haber comentado aspectos técnicos con el empresario de manera informal.
"En el cumplimiento de mis funciones suelo validar técnicamente la información que se generaba y eso lo hago con personas que son conocedoras de las diversas materias, tanto del ámbito público como privado. Alfredo era una de esas muchas personas y probablemente sea una de las que más sepa de tecnología vinculada a la seguridad en el país, y por cierto muy conocido en el medio", dice.
"Así como yo le mandaba correos, muchas otras personas lo hacían", sentenció el ex funcionario, que en las próximas deberá declarar como testigo ante la Fiscalía.
Sumario interno
Además de la investigación que en el plano judicial lleva adelante el fiscal Jaime Retamal por este caso, desde el viernes está en curso un sumario interno que en un plazo de 20 días hábiles puede arrojar sanciones y, eventualmente, nuevas solicitudes de renuncia.
Este proceso administrativo es encabezado por el abogado de la División Jurídica del Ministerio del Interior Ariel Grinspun.
