La organización de los "sobrevivientes" de abuso sexual en el denominado caso maristas informaron este sábado que la Congregación se comunicó con ellos para reconocer la veracidad de las denuncias formuladas, tras concluir la investigación canónica iniciada a partir de ellas.
"Varios de nosotros hemos recibido una comunicación telefónica del Hno. Patricio Pino, en funciones como Provincial de la Congregación, informándonos que finalizó la investigación canónica a cargo del sacerdote David Albornoz y que todas las denuncias realizadas por nosotros son reconocidas como válidas", dijeron los sobrevivientes en un comunicado.
Según la versión, Albornoz recomendó aplicar "las máximas sanciones para los religiosos denunciados", pero su informe debe ser evaluado por el Consejo Provincial y el Consejo General.
"Luego el superior de la Congregación solicitará o no a Roma la expulsión de los delincuentes que abusaron de nosotros y que todavía se encuentran al cuidado y resguardo de los Maristas en Santiago de Chile. En un retiro dorado, hace meses siguen en contacto con el resto de la comunidad, vestidos y alimentados con el dinero que recaudan en los colegios maristas", dicen los denunciantes, que plantean una serie de suspicias frente a la posición de la orden.
"¿Cuántos religiosos incluye la investigación canónica?"
Comentan, por ejemplo, que la información se les entregó sólo por teléfono, no mediante "comunicación escrita", y que "la Congregación tampoco es clara respecto de la situación global de la mega causa".
"¿Cuántos religiosos incluye la investigación canónica? ¿Están incluidos los que encubrieron estos delitos y protegieron a los delincuentes? Sabemos que muchos de ellos viven en calle Sótero Sanz, no están aislados sino por el contrario, reciben visitas casi diarias del mismo Abel Pérez, ya expulsado".
"Exigimos a la Congregación de Hermanos Maristas que entregue todos los antecedentes de que dispone sobre denunciados a la justicia chilena. Pero que también ponga en conocimiento de las autoridades judiciales aquellos casos que no han aparecido en los medios de comunicación", continúan, acusando "la creación de instancias internas de investigación y ventanillas de denuncias al interior de los colegios maristas", lo que "atenta contra el normal funcionamiento de la justicia".
"Pedimos a los medios de prensa y a la sociedad en general estar alertas. Una institución fundada para educar, para cuidar a la infancia, no está actuando con la debida celeridad para resguardar a las familias que hoy la frecuentan", finaliza el escrito, firmado por Jaime Concha, Gonzalo Dezerega, Eneas Espinoza, Jorge Franco, Isaac Givovich, Eduardo Rozas, Eladio Valdés y "otros sobrevivientes" (ver archivo adjunto).
La Congregación confirma a siete religiosos investigados
La Congregación confirmó en un comunicado que siete religiosos fueron investigados, y se encontró verosimilitud en las denuncias, al igual que algunas inconsistencias.
Según los religiosos, la información "los golpea, duele y avergüenza", y aseguran que los demás antecedentes serán remitidos a sus máximas autoridades en Roma.
Uno de los "sobrevivientes", Eneas Espinoza, solicita que, ahora que la información "les explota en la cara, es momento de que dejen de ganar tiempo y comiencen a colaborar con la justicia. Con esta investigación en la mano, tienen la responsabilidad y la obligación de expulsar al resto de los delincuentes sexuales que siguen protegiendo y entregar todos los antecedentes que tienen a manos de la Justicia ordinaria".
Concha, en tanto, dijo que pidieron a sus abogados "que soliciten el informe final de esta investigación preliminar para que se adjunte a la carpeta investigativa de querellas y denuncias que hemos presentado en Fiscalía y para que el fiscal Guzmán, a cargo del caso maristas, pueda avanzar en la investigación para que ojalá pueda formalizar a uno de los religiosos y sacerdotes que hemos denunciado".
"Ojalá que los jueces estén a la altura de la circunstancia", emplazó también.
Las víctimas también hicieron un llamado al Congreso a dar curso a la imprescriptibilidad del abuso sexual con retroactividad, es decir, que los religiosos sean juzgados por la Justicia civil pese al paso del tiempo.
