El arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, envió en septiembre una carta al Presidente Sebastián Piñera para pedirle que el Estado de Chile no suscriba ni ratifique la Convención Interamericana Contra Todas las Formas de Discriminación e Intolerancia, adoptada en el mes de junio por la Organización de Estados Americanos (OEA).
El prelado manifestó a Piñera que, según estudios realizados por la Conferencia Episcopal, la ratificación del convenio "no resulta conveniente", puesto que ella "es innecesaria, excede al Derecho chileno vigente e importa un riesgo directo a la libertad religiosa y otras libertades".
Por ejemplo, "introduce una nueva conceptualización de la noción de 'discriminación' dentro de nuestro ordenamiento, ajena a la contenida en nuestra Constitución y a aquella establecida en la Ley Nº 20.609 (Ley Zamudio)", criticó Ezzati, según reprodujo este miércoles The Clinic.
"La Convención impone ciertas obligaciones al Estado que podrían constituir una infracción a los derechos de la libertad religiosa, de enseñanza y de libre expresión", advierte Ezzati, para quien el texto está "fundado en una visión muy parcial y unilateral de los temas".
Además, la mentada Convención "amplía la Competencia de la Corte Interamericana de manera inadmisible y preocupante (...) Ello resulta especialmente peligroso, si se tiene en cuenta que es altamente politizada, en especial en las materias que conciernen al derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, a la familia fundada entre un hombre y una mujer, y al deber preferente de los padres a educar a sus hijos", dice Ezzati.
El arzobispo rechaza que la Convención incluya como categorías protegidas al "sexo, la orientación sexual, identidad y expresión de género", advierte que la "convención está fuertemente ideologizada por visiones de género", e indica que "debe considerarse que de acuerdo al ideario cristiano de muchos establecimientos educacionales en Chile de tipo subvencionado, cierto tipo de distinciones basadas en los criterios de religión, sexo u orientación sexual, son perfectamente aceptables desde la perspectiva del derecho", apuntó Ezzati, junto con criticar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Movilh acusa "intervención violenta"
Consultado por el diario La Segunda, el vocero de la Conferencia Episcopal, Jaime Coiro, dijo que la carta es "correspondencia privada", por lo cual "no nos corresponde comentario alguno".
La misiva ya generó reacción, sin embargo, en el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual.
"Esta nueva intervención de Ezzati es violenta y alarmante, pues la Iglesia está repitiendo los mismos discursos con los que rechazó la Ley Antidiscriminatoria, quedando en evidencia que ni el crimen de Daniel Zamudio ha sensibilizado a la Alta Jerarquía, lo que literalmente provoca escalofríos", dijo el Movilh en un comunicado publicado en su sitio web.
"No deja llamar la atención que esta interferencia ilegítima de Ezzati en el Estado laico, tenga lugar luego que del Papa Francisco llamara a la Iglesia a terminar con su 'obsesión' con la homosexualidad. O claramente Ezzati está pasando a llevar los llamados del papa o al interior de la Alta Jerarquía se tiene la convicción de que los dichos de Francisco I son sólo formas vaciadas de fondo", critica la organización.
El Movilh acusó además al religioso de "actuar bajo la lógica de una conveniencia inmoral en relación al Estado laico", al recordar que "justamente ayer Ezzati se excusó de asistir a la comisión de la Cámara de Diputados que indaga eventuales irregularidades en hogares del Servicio Nacional de Menores por la separación entre Iglesia-Estado, pero en lo referente a los derechos de las mujeres y los homosexuales, siempre obvia la laicidad. La incoherencia y los oportunismos de este religiosos no tienen límites".
De manera especial el Movilh consideró de "gravedad extrema que Ezzati diga en una misiva que es 'aceptable' discriminar a los colegios en razón de la orientación sexual o el sexo de las personas, pues con ello está promoviendo que se infrinja la ley. La Ley Zamudio es clara, la discriminación por orientación sexual o sexo está prohibida, es sancionada por ley y la Iglesia debe cumplirla".
El Movilh recordó que en los últimos años "Chile ha apoyado seis declaraciones en la OEA y una de la ONU que rechazan la discriminación por orientación sexual o la identidad de género, por tanto no deja de llamar la atención esta presión de Ezzati, que confiamos no llegará a buen puerto, porque éste o el próximo Ejecutivo ratificarán la Convención".
El organismo puntualizó que "la Iglesia ya impidió a una profesora de religión, Sandra Pavez, hacer clases en Chile por ser lesbiana y por ello presentamos una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que en las próximas semanas esperamos dé buenas noticias. Quizás a este hecho se está adelantado la Iglesia y se está poniendo los parches antes de la herida".