La Fiscalía Nacional reveló este lunes que existen 266 víctimas de abuso sexual perpetrado por sacerdotes, consagrados y laicos de la iglesia católica de Chile, de las cuales 168 son menores de edad. Por estos hechos hay 158 personas investigadas.
Esta cifra representa todos los casos denunciados por delitos sexuales cometidos por sacerdotes o miembros de la iglesia desde el año 2000, cuando se inicia la Reforma Procesal Penal.
Entre los 158 investigados están incluidas personas que tienen la orden sacerdotal, sean obispos, sacerdotes o diáconos, personas pertenecientes a la vida consagrada, como monjas, y también laicos que ejercían funciones en el ámbito eclesial: 74 son sacerdotes u obispos, de los cuales 16 pertenecen a la Congregación de los Salesianos y 15 a la de los Hermanos Maristas.
Además hay cinco casos de encubrimiento u obstrucción a la investigación contra superiores de congregaciones u obispos.
Piden tres exhortos al Vaticano
El jefe de la Unidad de Derechos Humanos y Delitos Sexuales de la Fiscalía, Luis Torres, confirmó que "el fiscal nacional ha instruido que se presenten tres requerimientos de información internacional al Vaticano".
"Estos requerimientos son promovidos por las fiscalías de Valparaíso, Metropolitana Sur y Araucanía", dijo.
"Estos incluyen antecedentes sobre los procesos penales canónicos en contra de ocho personas por distintos delitos sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes", agregó.
"Estas son solicitudes respecto a fiscalías que en este momento ya han evaluado la conveniencia de solicitar este requerimiento. Respecto de las otras fiscalías eso está en proceso de evaluación", sostuvo.
Actualmente hay 34 investigaciones vigentes y 107 concluyeron de distintas maneras.
Entre los investigados se indaga tanto a ejecutores de estos presuntos delitos como a sus posibles encubridores.
Iglesia desconocía cifras
Desde la Conferencia Episcopal, su vocero Jaime Coiro, descartó que la Iglesia hubiera manejado estas cifras que, aseguró, les avergüenzan.
Asimismo sostuvo que "no necesariamente los obispos tienen que informarnos, ni los superiores religiosos tampoco, por lo tanto, las únicas cifras de las que disponemos oficialmente en la Conferencia Episcopal son las que les hemos dado".
"En el último tiempo, la Conferencia Episcopal -y estos son algunos de los pasos que ha venido dando después del encuentro con el papa en Roma- es solicitar una mayor diligencia de tantos los obispos diocesanos como de los superiores religiosos para informar a la Conferencia Episcopal no solamente de los casos terminados sino que también aquellas investigaciones previas para que, desde el consejo, hacerle un mayor seguimiento", expresó.
Además, agregó que no tienen facultades para fiscalizar.
"La idea, al menos en estas últimas dos o a tres semanas, ha sido procurar que puedan tener todo el conocimiento posible de este diálogo que se ha sostenido con el Ministerio Público, para en un clima de colaboración poder facilitar las vías", dijo Coiro.
"Se han facilitado salvaguardando a aquellas personas que pidieron estricta reserva de sus nombres. Más allá no llegamos, no podemos supervisar", agregó.
