El fiscal que investiga el caso Sename, Juan Agustín Meléndez, adelantó en conversación con El Diario de Cooperativa que entre las indagatorias que realizará estará interrogar al director del servicio, Rolando Melo.
El abogado fue designado por el fiscal nacional, Sabas Chahuán, para indagar las denuncias en hogares del organismo sobre presuntos abusos, violaciones y maltratos, revelados en el informe de la jueza Mónica Jeldrez.
Consultado sobre la posibilidad de interrogar a Melo, Meléndez respondió que "por supuesto. Se lo digo así de claro, está absolutamente dentro de la estrategia y, por lo demás, son diligencias absolutamente básicas. Tengo que hacerlo".
"No podría realizar esta investigación sin conocer la opinión de testigos que tienen una posición privilegiada en estos aspectos", comentó.
Añadió que "lo primero que tenemos que determinar es dar con la identidad de estos menores, hay que establecer quiénes serían los menores que habrían respondido efectivamente a la consulta de haber sido víctimas de algún delito sexual o agresión física".
"Una vez que podamos establecer la identidad de ellos, efectivamente ver la dimensión de esto, la efectividad de esto y las medidas de protección que se requieren", añadió.
Manifestó que un "asunto es establecer claramente si tenemos niños o niñas que hayan sido víctimas de delitos, tanto de índole sexual como de agresiones físicas".
Indicó que "lo que nos corresponde a nosotros es investigar la comisión de ilícitos más allá de generar juicios (...) y tratar de darle la protección inmediata a quiénes tengan la calidad de víctimas".
Críticas a Mónica Jeldrez
Este miércoles sesionó la Comisión de Constitución de la Cámara Baja con 10 expositores respecto del informe elaborado por el Poder Judicial y la Unicef.
En la ocasión, el ministro de la Corte Suprema, Héctor Carreño, lanzó los dardos contra la jueza Mónica Jeldrez -quien reveló el informe- de no haber denunciado los hechos en noviembre pasado cuando tuvo todos los antecedentes.
"El convenio dice que toda esta metodología se determinaría de común acuerdo. Sin embargo, la Corte Suprema no participó en la determinación de esta metodología", manifestó.
Carreño añadió que "se observaron, como anticipé también, algunas deficiencias metodológicas en la aplicación de esta encuesta en la que no participamos. La Comisión y la jueza que aplicaron las encuestas estuvieron siempre en situación de dar a conocer lo que encontraban, incluso de hacer denuncias si se estimaba en el caso".
"La unidad de apoyo es un organismo administrativo que carece de facultades jurisdiccionales", explicó.
Una de las abogadas invitadas a la sesión de la Comisión, Paula Gómez, quien participó en la primera etapa de la investigación, aseguró que el juez Carreño miente respecto a las metodologías de las encuestas.
"Decir que la comisión que él preside es una comisión meramente administrativa y que, por lo tanto, no le corresponde hace denuncias, me parece increíble", aseguró.
Indicó que "es un ministro de la Corte Suprema y, por lo tanto, un funcionario público de la más alta jerarquía y todos los funcionarios públicos están aplicados a este tema".
"Es decir que a él la Unicef le señaló en la reunión de marzo que ellos no iban a inmediatamente proceder con la información de las encuestas, que las encuestas tenían problemas metodológicos, me parece increíble. Está mintiendo en la propia cara de los representantes de la Unicef y delante de todos de los que estábamos", afirmó Gómez.
El Poder Judicial abrió dos investigaciones disciplinarias contra la jueza Jeldres y la abogada Gómez por el polémico informe revelado públicamente el pasado viernes por el pleno de la Corte Suprema.