CDE negocia indemnizaciones con familiares de víctimas del incendio en San Miguel

Ya se cumplen dos meses desde que el consejero y ex presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Carlos Mackenney, comenzó las negociaciones con los abogados de las familias de las 81 víctimas del incendio de la cárcel San Miguel, ocurrido el ocho de diciembre de 2010, y donde el Séptimo Juzgado Civil de Santiago ya tramitó 16 demandas de indemnización a las familias.

El incidente ocurrió hace dos años, cuando una riña entre reos del penal, en la que se ocupó un cilindro a gas, provocó el incendio y donde la fiscalía acusó a funcionarios de Gendarmería de operar negligentemente. Tras esto, la justicia formalizó a ocho ex efectivos por cuasidelito de homicidio, causa que continúa abierta.

Actualmente se encuentran en trámite 16 demandas interpuestas por las familias en el Séptimo Juzgado Civil de Santiago: de éstas, 13 suman un total de 33.400 millones de pesos, donde están representadas las familias de 61 víctimas, según informó La Tercera.

Ante esto, el actual presidente del CDE, Sergio Urrejola, informó al medio que "le hemos pedido a Carlos Mackenney que colabore para aunar alguna posibilidad de ver si podemos encontrar una solución para todos. Esta tiene que ser razonable y que el Fisco esté dispuesto a afrontar".

Urrejola planteó que "los juicios están recién comenzando", por lo que las negociaciones se encuentran en "etapas preliminares", pese a ello, insistió en la preocupación del CDE por solucionar este tema, admitiendo que no se manejan montos aún.

Por parte de los representantes legales de las familias, se valoró la determinación del CDE a negociar, donde el organismo ha llamado, por el momento, a alguno de los abogados.

Boris Paredes representa a 15 de las familias y fue el primero en ser contactado por el Consejo de Defensa del Estado, ante esto, el abogado explicó a La Tercera que "nos hemos acercado al CDE con el objeto de conversar un posible acuerdo. Creemos que en procesos tan dolorosos como este, es mejor llegar a una negociación que deje a ambas partes del juicio, en una medida, satisfechas".

No obstante, Paredes sostuvo que los montos se encuentran en reserva, pero recalcó la importancia en que el Estado se haga cargo de este asunto ya que "cuando encarcela a alguien, tiene que asegurarle ciertas medidas de seguridad".

Mientras tanto, pese que todavía no es contactado por el organismo estatal, el abogado
Edgardo Reinoso, que representa a 10 familias, manifestó que "estamos preparados para seguir adelante, nuestro juicio está bastante avanzado. Esperamos que el Estado sea condenado".