La Corte de Apelaciones de Santiago declaró admisible la apelación interpuesta por Gendarmería en contra de la resolución emitida por el juez del Séptimo Juzgado de Garantía de la capital, Daniel Urrutia, quien autorizó la realización de videollamadas a cuatro internos Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (REPAS).
La orden de Urrutia fue emitida el 25 de enero de este año en beneficio de los cuatro internos, sin embargo, Gendarmería interpuso un recurso de apelación a dicho mandato y argumentó que el hecho es "particularmente grave pues, mediante una resolución judicial, se pretende establecer un Régimen Penitenciario excepcional, poniendo en jaque a la administración".
Tras lo anterior, la Corte de Apelaciones informó este lunes que "se acoge el recurso de hecho deducido. Consecuentemente, se declara admisible la apelación interpuesta por Gendarmería de Chile contra la resolución de 31 de enero de 2024 del 7° Juzgado de Garantía de esta ciudad, que autorizó mantener visitas a cuatro internos mediante la realización de videollamadas con terceros y la visita íntima del interno extranjero Rafael Marín Vielma".
"De momento que la decisión que pretendiera impugnarse resolvió una petición que exigió un pronunciamiento especial del tribunal y que ha establecido un derecho permanente a favor del imputado, agraviando a Gendarmería de Chile, órgano que conforme a la ley -según quedó asentado- tiene el deber de velar por el resguardo en los recintos penales de la seguridad de estos, de las personas privadas de libertad que allí se encuentren, y de su personal, de modo que el dictamen recurrido reviste la naturaleza jurídica de una sentencia interlocutoria y que como tal resulta apelable de acuerdo con esas reglas generales", complementó el informe de siete páginas.
El presidente de la Séptima Sala del tribunal de alzada, Antonio Ulloa, subrayó que "en otras ocasiones se ha dicho que Gendarmería, por ser un sujeto procesal que tiene relevancia dentro del proceso penal -más que nada en la etapa de ejecución de las penas-, puede ser agraviado por una resolución judicial. Por eso se acogió el recurso".
De este modo, la polémica decisión del juez Urrutia quedará en espera hasta que se analice el fondo de la causa, instancia que se deberá llevar a cabo durante la próxima semana, una vez que se sortee la sala a cargo de esta labor.
GOBIERNO REITERA RESPALDO A GENDARMERÍA
Conocida la admisibilidad del recurso, el ministro de Justicia, Luis Cordero, relevó que "desde el principio hemos sostenido las opciones de legalidad en torno a esa resolución, y la legitimidad que tenía Gendarmería para recurrir contra ella".
"Hemos insistido que lo que estamos defendiendo es la seguridad de un establecimiento de máxima seguridad, así que esperamos que la corte, habiéndolo declarado admisible, conozca el fondo del asunto en los próximos días", añadió el secretario de Estado.
Desde el oficialismo, el timonel del PC, Lautaro Carmona, dijo esperar que "la posición que tome la corte sea con una circustanciada y detallada argumentación; que no quepa ninguna duda que detrás de eso está sosteniendo una doctrina desde el punto de vista jurídico, y no una discreción respecto a validar o no una actuación de un juez".
DEFENSA DE URRUTIA DESDRAMATIZA
El abogado Carlos Quezada, defensor de Urrutia, desdramatizó la decisión de la Corte de Apelaciones.
"Lo que está siguiendo la Corte de Apelaciones es simplemente el trabajo de la Corte de Apelaciones, que es actuar como tribunal de segunda instancia y el paso lógico es que en un recurso de hecho determine si es susceptible o no a apelación. En este caso determinó que era susceptible de apelación, pero eso es un tema que afecta a los intervinientes en la parte del juicio; vale decir, a Gendarmería y a la defensa de los imputados", dijo el jurista.
"En lo que refiere al juez, básicamente es la tramitación normal dentro de un proceso de un recurso de hecho que posteriormente se transforma en un recurso de apelación", agregó.
UDI NO DESCARTA RECURRIR A LA SUPREMA
Desde el mundo político, el presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), el senador Javier Macaya, señaló: "Que personas que son un peligro para la sociedad, que no pueden tener conversaciones con las personas que trabajaban en el crimen organizado, tengan estos permisos ameritan que el juez Daniel Urrutia pueda ser removido de su cargo".
"Eventualmente, nosotros estamos evaluando una presentación ante la Corte Suprema, ante la Comisión de Ética de la Corte Suprema, para que se evalúen las medidas disciplinarias que se han tomado o se han dejado de tomar contra el juez Daniel Urrutia", agregó el líder gremialista.
