No está probada "la intención positiva de causar la muerte de los reos", indicó el fiscal Pablo Sabaj.
Familiares de las 81 víctimas manifestaron su molestia en las afueras de la sala.
En una accidentada jornada que tuvo que ser postergada por el atraso de uno de los imputados, este martes fueron reformalizados los ocho funcionarios responsabilizados por la muerte de 81 reos que perecieron calcinados tras el incendio ocurrido en la cárcel de San Miguel el 8 de diciembre de 2010.
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| El pasado 8 de diciembre de 2010, 81 reos murieron calcinados en un incendio, sin poder escapar de sus celdas. (Foto: UPI) |
De esta forma, los centinelas Fernando Orrego, José Poblete y Francisco Riquelme, formalizados en un principio por homicidio por omisión, ahora fueron recalificados por los cargos de cuasidelito de homicidio reiterado.
Asimismo, el entonces director regional metropolitano de Gendarmería, Carlos Bustos; el jefe operativo regional Patricio San Martín, el oficial de guardia José Alexis Hormazábal, el alcaide de la cárcel Segundo Sanzana y el jefe administrativo del penal Patricio Campos, quedaron desde ahora formalizados por cuasidelito de homicidio reiterado y lesiones graves.
Además, el undécimo Juzgado de Garantía de Santiago decidió ampliar en seis meses más la investigación, lo que motivó la molestia de los familiares. Uno de sus voceros, César Pizarro, pidió a Gendarmeria como institución hacer un mea culpa y los acusó de "asesinos".
"¿Qué más investigación? Están esperando los últimos plazos, o sea no le encuentro sentido, más con una institución que sigue asesinando gente a diario. Es más, para nosotros aquí la justicia no es estar dentro de esta sala, la justicia es que gendarmería se siente y reconozca que son unos asesinos y que son unos cobardes y corruptos", enfatizó
La jornada estuvo marcada por críticas de los familiares de las víctimas, quienes acudieron desde muy temprano para colocar las caras de los 81 fallecidos en una gigantografía, además de quejarse porque en un comienzo, debido a la capacidad del lugar, no se les permitía el ingreso a la sala, que es un "tribunal de la República", enfatizaron.
En tanto, el fiscal a cargo, Pablo Sabaj, explicó esta nueva información de cargos, que tiene que ver con un homicidio culposo, y no por el homicidio por omisión que en su momento el ex fiscal Alejandro Peña - por hoy cuestionado en este caso y el caso bombas-, había imputado a tres de los ocho acusados.
"Básicamente se hace un análisis jurídico de la factibilidad de que aquello pueda ser probado en definitiva en juicio, y está probada a nuestro juicio la negligencia culpable y la infracción de reglamentos que exige la ley, más no la intención positiva de causar la muerte de los reos", detalló.
De parte de la defensa de los gendarmes, manifestaron sus diferencias tras esta nueva formalización, ya que en palabras de Nicolás Orellana, representante de José Hormazabal, "hoy en día, a un año y dos meses, recién nos comunican hechos nuevos, hechos que nosotros debemos estudiar".
También habló el abogado Eduardo Méndez, defensor de los tres centinelas acusados y que hoy vieron rebajada su pena, para quien la calificación jurídica entregada este martes fue la presentada por la defensa desde "la primera audiencia de formalización" y se ajusta más a los hechos.
La jornada se había iniciado con críticas del presidente de la Asociación de Oficiales Penitenciarios, José Maldonado, puso en evidencia "el tremendo error que cometió el ex fiscal Peña" al culpar a "personal de Gendarmería por errores de la administración", advirtiendo que pueda crearse un nuevo "caso bombas" donde la función de Peña será cuestionada.
