Un oficio del Ministerio de Justicia publicado hoy por La Tercera reveló que el Estado de Chile gasta 724 mil mensuales para mantener a un preso; más del doble de lo que destina al bienestar de los niños bajo protección del Sename, que es de sólo 294 mil pesos mensuales.
Los números han generado toda serie de reacciones en redes sociales y han vuelto a instalar un debate que ya se ha dado en las ocasiones anteriores en que se ha marcado este contraste; más aún en momentos en que está en la Justicia la investigación del denominado "caso Sename": los cientos de muertes de menores de edad bajo cuidado estatal.
Una de las voces más categóricas a este respecto fue el fiscal Carlos Gajardo, reconocido por su rol en la investigación de casos como Penta y SQM: "Cuando las palabras confunden los números aclaran", dijo el persecutor en Twitter, advirtiendo que la comparación de las cifras deja patente dónde están puestas las "prioridades del Estado".
Ante la controversia, el director nacional de Gendarmería, Jaime Rojas, salió a explicar que la cifra de los 724 mil pesos "se obtiene de acuerdo a la Ley de Presupuesto" e incluye "la sumatoria de mecanismos de seguridad social que se entregan a cada una de las personas privadas de libertad, la mantención total del costo que tiene una persona privada de libertad", que contempla "salud, alimentación, gasto personal y todo un conjunto de programas de reinserción incluidos".
"Nosotros, como Gendarmería, respondemos al sistema penal. O sea, somos encargados de cuidar a las personas privadas de libertad y generar todos los programas de reinserción. Eso tiene un valor determinado, que está calculado en función de lo que cuesta el personal de Gendarmería y lo que cuesta la sobrevivencia de las personas privadas de libertad", apuntó.
Platas insuficientes
Al tema también se refirió la directora nacional del Sename, Solange Huerta, que si bien reconoció que los aportes del Estado son insuficientes, destacó que para el próximo año aumentarán. No obstante, consultada por una cifra específica, evitó entregarla.
"Hecho un tremendo esfuerzo para que, a partir del próximo año, se aumente la subvención a los niños que están en el sistema proteccional al máximo establecido por la ley, pero seguimos reconociendo que eso es insuficiente", dijo Huerta.
"Además, hemos estado empujando muy fuertemente la relación intersectorial, para que otras agencias del Estado, otros ministerios, también apoyen el trabajo que se hace respecto a los niños que están en el sistema residencial. Por cierto, eso es una carencia que esperamos se solucione definitivamente una vez que vea la luz el proyecto del nuevo servicio de protección especializado", comentó la ex jefa de la Fiscalía Metropolitana Occidente.
Huerta remarcó que "a partir del año 2018 se aumenta la subvención al máximo que permite la ley en actual vigencia y que, por cierto, está en discusión la revisión del sistema de subvención, porque la actual ley supone que existe coparticipación en términos del apoyo o el aporte tanto por el Estado como por los organismos colaboradores. Esa es la base de la actual ley".
Desde el Gobierno, la ministra vocera Paula Narváez aseveró que "no resulta para nadie proporcional conocer las cifras que se entregan para la atención de un reo en relación a las cifras del Sename. Esto tiene sus explicaciones, yo entiendo que esas explicaciones puedan no resultar evidentes al sentido común y eso lo entendemos".
"Por lo pronto es importante señalar que se ha aumentado el presupuesto del Sename de manera considerable para el próximo año presupuestario, se está aumentando la subvención a los organismos colaboradores del Sename, porque lo que estamos conscientes es que todos los niños y niñas que han sido vulnerados requieren de la atención del Estado de manera prioritaria", agregó.
Fundaciones con cuidados mínimos y malos sueldos
Desde los hogares encargados de cuidar a los niños del Sename y que colaboran con el Estado, el sacerdote Francisco Pereira, de la Fundación María Ayuda, que atiende a 700 niños en todo el país afirmó que con lo que actualmente les entrega el Estado, ni siquiera alcanzan a pagar los sueldos.
"El drama es que al final son personas mal pagadas, malos sueldos, por lo tanto, cuesta mucho más llegar a un nivel de calidad en la atención, y todo lo otro, la mantención de los hogares, la alimentación, la educación, los gastos médicos lo tenemos que conseguir nosotros", comentó el religioso.
Mientras en la Fundación Ciudad del Niño, los recursos que entrega el Estado alcanzan al 59 por ciento de los gastos, recibiendo alrededor de 300 mil pesos para la atención, sumando las asignaciones, lo que sólo permite proveer de cuidados mínimos.
El presidente de la fundación, José Pedro Silva, aseguró que "cuando yo hablo de los 300 mil pesos, estamos hablando simplemente de mínimos. O sea, de ahí en adelante permite mantener a los menores en una situación absolutamente mínima".
"Lo que a nosotros nos gustaría es que realmente se aplicara la ley de subvenciones en tanto se suba el estándar en forma definitiva y permanente, con vocación de permanencia para el futuro. Entonces, nosotros entendemos que este suplemento a la glosa presupuestaria debiera destinarse, en primer lugar, a saldar la deuda", indicó.
