La Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios (ANOP) denunció que la ocupación en las cárceles del país sobrepasa en un 30 por ciento su capacidad de ocupación según diseño.
El Ministerio Público fue instruido por el fiscal nacional, Ángel Valencia, para que los fiscales de la Región Metropolitana soliciten la prisión preventiva en contra de extranjeros que sean detenidos y que no cuenten con su cédula de identidad, en el marco de las medidas tomadas a consecuencia del asesinato del recién ascendido a suboficial mayor, Daniel Palma.
El presidente de la ANOP, comandante Mario Benítez, explicó que en el caso de los hombres, la ocupación de las cárceles "es de un 118 por ciento: Tenemos 37 mil plazas, que además tienen la condición de que se aumentó la capacidad. Por lo tanto, el hacinamiento que existe incluso es superior a este 118 por ciento".
"Este nivel de ocupación es cercano a un 30 por ciento adicional a la capacidad según diseño. Además de la cantidad de plazas, se requieren recintos especiales con tecnología; para que estas dejen de ser centro de operación o se conviertan en centro de operaciones del crimen organizado", advirtió.
Benítez advirtió que si no se toman medidas en el sistema penitenciario cualquier política criminal que se implemente va a fracasar, y también lamentó que la autoridad política no considerara a Gendarmería en las acciones tomadas.
TRABAJOS PARA HABILITAR OTRAS DOS INFRAESTRUCTURAS PENITENCIARIAS
El ministro de Justicia, Luis Cordero, señaló que en el último año se ha trabajado en "habilitar mayor cantidad de plazas" y que "hay dos infraestructuras que se están habilitando con rapidez: una es La Laguna en Talca y otra es la ampliación que está vinculada al Centro Penitenciario de Concepción".
El anuncio de Valencia también ha dejado reacciones diversas en el mundo parlamentario, con apoyos pero también con dudas. Pese a ello, hay consenso en la necesidad de gestionar nuevos recintos penitenciarios ante el presunto aumento de detenidos.
Andrés Jouannet, diputado independiente apoyado por el Partido Radical, está de acuerdo con la medida, ya que una persona que no porta documentación y comete un delito "es un peligro para la seguridad de la sociedad: Por supuesto que eso puede traer aparejado un aumento de la población penal, se requiere una política que se haga cargo del hacinamiento".
"Nos parece una medida importante, un rol más proactivo por parte del Ministerio Público en la persecución criminal, de una mayor inversión", valoró a su vez el socialista Raúl Leiva, aunque admitió que "los niveles de hacinamiento que existen en distintos centros penitenciarios son muy agudos".
En esa línea, abogó por "contar con una mirada de Estado de mediano y largo plazo a través de un Ministerio de Seguridad Pública, que reúna todos estos actores de persecución criminal".
En tanto, el diputado UDI Henry Leal consideró que la pregunta que se debe realizar es "dónde vamos a meter a todos los extranjeros que estén indocumentados", lo que "tiene que ver con que en este país no ha habido una política de construcción de cárceles desde hace mucho tiempo, vamos a tener que hacer recintos express".
ACTIVISTA ACUSA INCONSTITUCIONALIDAD DESDE FISCALÍA
Desde el mundo del activismo, María Rocío Manatú, vocera de la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Pro-Migrantes, sostuvo que "más allá de estar a favor o en contra de la prisión preventiva, consideramos que la situación migratoria irregular es una causal de desventaja, de mayor discriminación, y por lo mismo, una inconstitucionalidad que impacta en las comunidades".
"En la sociedad chilena, que viene presentando conductas discriminatorias hace mucho tiempo, llamados como el que hace el fiscal fomentan los estigmas y los estereotipos", añadió.
