Errores en la notificación a acusados pospuso el inicio del proceso hasta el 7 de mayo.
Unos 208 testigos, 63 peritos y varios documentos pasarán por esta fase del juicio.
Este martes debía comenzar la preparación del juicio oral contra ocho ex gendarmes.
Errores en la tramitación de parte de las querellas de las familias de las 81 víctimas de la tragedia en la Cárcel de San Miguel y mal procedimiento en la notificación de los ocho acusados, llevaron al 11° Juzgado de Garantía a posponer por segunda vez el inicio de la preparación del juicio oral, esta vez para el 7 de mayo.
Pese a que esta audiencia comenzaría esta jornada, los errores llevaron al tribunal a postergar el procedimiento en el cual pasarán por el tribunal 208 testigos, 63 peritos y varios documentos.
La situación generó la molestia de los familiares que llegaron al citado tribunal, considerando que en enero pasado ya se había pospuesto esta audiencia de preparación de juicio oral.
"Pasó por la no notificación a los acusados, propiamente tal, y la ley establece que esta notificación debiera ser con un plazo de 10 días y en ese sentido resolvió el tribunal. Lo importante es que se depuró mucho la audiencia de establecer que querellantes correspondía que compareciera y en que calidad", dijo el fiscal del caso, Cristián Galdames, quien descartó responsabilidad en la situación.
Imputaciones a ex gendarmes
La Fiscalía busca condenar a los ocho ex gendarmes por cuasi delito de homicidio, un ilícito culposo, cambiando la figura penal de homicidio por omisión que tenían desde la formalización en marzo de 2011.
Para los ex jefes regionales y del penal, Carlos Bustos, Patricio Campos, Jaime San Martín, Segundo Sanzana, José Hormazábal, la Fiscalía pide siete años de prisión, mientras que lo centinelas de la fatídica jornada, Fernando Orrego, Francisco Riquelme y José Poblete, se solicita una pena de cinco años y un día de presidio efectivo.
El abogado Pedro Narváez, defensor del ex oficial Hormazábal, jefe del turno de la trágica jornada, la audiencia de este lunes sirvió para poner las reglas de quienes estaban en la litigación en una causa tan grande.
"El querellante no cumplió con las reglas procesales del debido proceso, en el sentido de que subsana estos defectos de diciembre de 2010, los subsana cuando la investigación estaba cerrada y el Ministerio Público ya había acusado. En el intertanto, sin cumplir con lo que cumplió después, se adhirió a la acusación fiscal", explicó el abogado Narváez.
Por su parte, la ministra de Justicia, Patricia Pérez, dijo que espera que el proceso se complete sin inconvenientes.
"La posición del Ejecutivo en relación a esta causa, y a las causas judiciales, es de respeto en relación a la labor que desarrolla cada una de las instituciones, por lo tanto esperamos que se desarrolle dentro de los marcos legales que corresponde", dijo Pérez.
Los familiares señalaron que volverán a llevar sus pancartas y lienzos el próximo 7 de mayo hasta el centro de Justicia para exigir justicia por sus hijos, hermanos, esposos y parientes.
