Alejandro Sáez Mardones estaba condenado a presidio perpetuo.
Hijos no descartan asistir a tribunales internacionales.
El Gobierno buscará revertir la decisión ante la Corte Suprema.
El Gobierno y los hijos de las víctimas del Caso Degollados tratarán de revertir ante la Corte Suprema el beneficio de libertad condicional otorgado al ex agente de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (Dicomcar) Alejandro Sáez Mardones, condenado de forma perpetua.
Fue la octava sala de la Corte de Apelaciones de Santiago que acogió este recurso de protección a favor de Sáez Mardones, tras el rechazo de la comisión de jueces de libertades condicionales en darle el beneficio extracacerlario.
"Alejandro Sáez Mardones es el autor material del secuestro de nuestros padres y directamente fue la persona que degolló a Santiago Nattino", lamentó Manuel Guerrero Ceballos, hijo de una de las víctimas.
Agregó que "a nosotros que llevamos 30 años buscando justicia a través de los canales que corresponde, este fallo de la Corte de Apelaciones nos vuelve a foja cero. Si es que el informe eticológico no está en orden y esta persona no presenta arrepentimiento, significa que no puede acceder a los beneficios que otorga la libertad condicional".
"El fallo como están cumplidos los requisitos del decreto de ley 321, sí o sí había que darle el beneficio a estos criminales, y ese es un error garrafal, que no se condice con lo que nuestra doctrina y jurisprudencia en forma uniforme ha venido diciendo durante muchas décadas", afirmó el abogado Fernando Leal.
La directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fríes, apuntó que "todavía hay deudas pendientes y esas deudas tienen que ver con la legislación que hay para los condenados por crímenes de lesa humanidad y el cumplimiento de penas es la misma que para los delitos comunes".
"Por lo tanto, lo que habría que hacer para cumplir con estándares internacionales, en materia de derechos humanos que exigen acceder a beneficios, arrepentimiento eficaz y cooperación con la justicia, es cambiar la ley", afirmó Fríes.
Reunión con el Gobierno
Tras una reunión con la ministra de Justicia, Javiera Blanco, el abogado del programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Francisco Ugaz, comentó que "en la fundamentación de porque se otorgó este beneficio se invoca precisamente el informe de facultades psicológicas, donde se da cuenta de que no hay una adecuación por parte del sujeto a las normas de comportamiento en una sociedad y que no hay un arrepentimiento a propósito de los hechos que ha cometido".
"Ciertamente nosotros con los argumentos que he señalado y que serán desarrollados en las intervenciones que realicemos ante la excelentísima Corte Suprema, aspiramos que la resolución del tribunal de base sea revocada y en definitiva no se conceda la libertad condicional a Saez Mardones", precisó.
Ugaz añadió que "entre los argumentos que queremos invocar emanan ellos del derecho internacional, de los derechos humanos y también del derecho interno. Estos crímenes deben ser sancionados y con sanciones que sean proporcionales, justas y adecuadas considerando la gravedad de los delitos que se han cometido. Es nuestro deber promover la eficacia de esa sanción penal".
Ministra Blanco se comprometió a revisar reglamento
Por su parte, la ministra Blanco recalcó que "creemos que hay antecedentes que nos permiten hoy día presentar esa apelación para pedir la revocación y de nuevo, esto no quiere decir que estemos faltando a nuestra línea de conducta que ha sido no comentar una resolución, pero si a través del programa tenemos la posibilidad de presentar este tipo de acciones cuando creemos que hay argumentos más que fundados que nos permitan ir sobre determinada decisión judicial".
"Queremos avanzar en el reglamento penitenciario a las limitaciones para el otorgamiento de ciertos beneficios o, al menos, lo que hemos hablado el cumplimiento de requisitos rigurosos y estrictos que tienen que ver con arrepentimiento, con entrega de información eficaz para investigaciones de casos", indicó.
La secretaria de Estado afirmó que "eso es parte de los desafíos y de las tareas que nos llevamos como Gobierno y que vamos a trabajar en el marco del reglamento, que vamos a trabajar en el marco de las leyes que estamos trabajando".
La familia enfatizó que si la apelación no tiene resultados, entonces acudirán a tribunales internacionales.
