El ex fiscal Carlos Gajardo cuestionó la decisión de la Fiscalía Regional de Valparaíso de no prosperar en la causa contra 34 personas investigadas en el caso SQM, capítulo que consideró el resultado de una "maniobra de la clase política" para debilitar las indagaciones de este bullado escándolo de financiamiento irregular de campañas electorales.
En conversación con Lo Que Queda del Día, si bien planteó que al menos en esta determinación la Fiscalía "no tenía otro camino" y "tiene que ver puntualmente con la falta de querellas del SII", lo atribuyó a "una maniobra más compleja que ha tenido dos factores fundamentales".
"Por una parte, el descabezamiento en 2015 de Impuestos Internos, cuando sacaron al director Michel Jorratt y al subdirector jurídico Cristián Vargas, quienes habían presentado querellas contra Penta, SQM y Corpesca; y luego una acción semejante en el Ministerio Público, donde por el vencimiento del período (de Sabas Chahuán) eligen un nuevo fiscal nacional (Jorge Abbott) que se había comprometido públicamente a que las investigaciones no iban a tener la misma intensidad que había tenido hasta ese momento", detalló el abogado.
Por ello, "digamos que la Fiscalía también ha sido muy partícipe en otras decisiones, en conseguir impunidad para este conjunto de delitos, como las suspensiones condicionales o el haber desistido de perseguir un delito tan grave como el cohecho que involucraba a Carlos Délano, Carlos Lavín y Pablo Wagner en su momento" en el caso Penta.
De hecho, el propio Gajardo y su colega Pablo Norambuena renunciaron al Ministerio Público a inicios del 2018 en rechazo a la decisión de la Fiscalía de solicitar entonces la suspensión condicional del procedimiento en contra del senador UDI Iván Moreira en el caso Penta.
En ese sentido, remarcó que "las responsabilidades para lograr este desinfle de la causa son compartidas por la Fiscalía y el SII, en algo que fue orquestado mucho más arriba, por la clase política de manera transversal".
UN CASO QUE "HA TENIDO VERDAD SIN JUSTICIA"
La fiscal Claudia Perivancich comunicó ayer la decisión de no perseverar en la investigación contra 34 personas, entre ellas Rodrigo Peñailillo, ex ministro del Interior durante el segundo mandato de Michelle Bachelet y quien recientemente lanzó su aspiración senatorial por la Región del Biobío; los hijos del actual vicepresidente del Senado, Jorge Pizarro (DC) -quien fue sobreseído-, Benjamín y Jorge Pizarro; la hermana del ex senador PS Fulvio Rossi, Irina Rossi; y Harold Correa (PPD), ex jefe de gabinete del otrora ministro Nicolás Eyzaguirre.
Así las cosas, "penalmente (esta indagatoria) queda en nada, esas personas son inocentes (...) han salido libre de polvo y paja (...) eso es lo grave", reprochó Gajardo.
Pero "lo que sí ha quedado judicialmente establecido -subrayó- es que la empresa SQM financió la precampaña presidencial de Michelle Bachelet en 2012 (...) con 250 millones de pesos aproximadamente (...) y hay una persona condenada, Giorgio Martelli, representante legal del vehículo jurídico utilizado"; no obstante, "pensar que sólo él estuvo detrás de esta actividad me parece que es bastante ingenuo, él es un funcionario menor en este engranaje; el hilo se termina cortando por lo más delgado".
Con todo, sostuvo que "el caso SQM muestra que el financiamiento era transversal, desde la UDI por la derecha hasta el PS por la izquierda, pasando incluso con el PPD donde apareció SQM como militante, toda una situación muy grosera que daba cuenta de esta relación absolutamente incestuosa entre política y dinero".
"En términos de verdad se esclareció bastante, esa causa tuvo la virtud de mostrar con bastante crudeza lo que ocurrió, el problema es que no estuvo aparejada de una dosis relevante de justicia (..) por esta intervención que hubo en los organismos encargados de la persecución criminal, y que terminó generando que la regla fuera la impunidad y la excepción, las condenas", criticó asimismo.
Pese a ello, resaltó que "hay una parte muy relevante que está en audiencia de preparación de juicio oral contra imputados principales, entre ellos Patricio Contesse, ex gerente general, Pablo Longueira al que la Fiscalía le acusa de haber recibido dinero para favorecer la dictación de ley de royalty minero, y el ex candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami".
Igualmente apuntó que "cuando los casos han sido llevados a los tribunales a ser conocidos por los jueces, las acusaciones han prosperado: el caso más manifiesto es el caso Corpesca, que terminó con sentencias efectivas de cárcel para un ex senador de la República (el ex UDI Jaime Orpis) y una condena a la persona jurídica Corpesca".
CRÍTICA A JORGE ABBOTT
Por otra parte, Gajardo criticó duramente la gestión de Abbott a la cabeza de la Fiscalía Nacional, aludiendo a una encuesta de la Asociación de Fiscales que constató que cerca de la mitad de los persecutores "han calificado como deficiente el desempeño de su máxima autoridad, lo que da cuenta de una institución con un problema de liderazgo severo, y eso era algo bastante previsible".
Lo anterior, expuso, porque "cuando se lo nombra en 2015 no fue con el objeto de dinamizar ni fortalecer la institución, sino que de terminar con las investigaciones de causas políticas".
Ante ello, emplazó a que "el 2022, cuando corresponde elegir a un nuevo fiscal nacional, la clase política tenga una mirada más republicana y se busque una persona que tenga la capacidad de liderar la institución para salir adelante del pozo en que se encuentra".
