La Justicia anuló la suspensión condicional del proceso.
Ximena Risco, abogada del Ministerio del Interior, valoró la medida.
El ecologista Luis Mariano Rendón, uno de los ocho imputados en la causa, es hoy candidato a senador por Santiago Oriente.
En un fallo divivido la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó la realización de un juicio oral simplificado en contra de los ocho imputados por la toma de la sede del Senado en Santiago ocurrida en octubre de 2011.
Hace algunas semanas el juez del Séptimo Juzgado de Garantía Cristián Sánchez suspendió condicionalmente la causa a cambio de que los imputados -entre ellos el activista ecologista Luis Mariano Rendón, actual candidato a senador- realizaran charlas alusivas a la campaña "Marca tu voto" por una asamblea constituyente.
El Ministerio del Interior apeló a la salida alternativa, que consideró "insólita", y el juez que la visó es investigado disciplinariamente, mientras el fiscal Víctor Vidal terminó sumariado.
La abogada de Interior, Ximena Risco, celebró la decisión de la Corte, "atendido a que no se cumplía con (el acuerdo) el requisito mínimo de un año de las condiciones impuestas y tampoco con los fines que se tienen previstos para la suspensión condicional del procedimiento; esto es, disuadir de la verificación de una nueva conducta en esos términos".
"Esperamos que se remitan los antecedentes al Tribunal de Garantía y se fije una nueva audiencia de juicio oral simplificado", sentenció la jurista, quien añadió que espera que se mantenga "el delito por el cual se había requerido y que se imponga la pena de 200 días, por cierto, en libertad, porque entiendo que los imputados gozarían de cualquier manera de algún beneficio en el cumplimiento de la misma".
Rendón: Se intenta criminalizar la protesta social
Por su parte, Luis Mariano Rendón aseguró que nunca temió llegar a juicio, pues considera que la interrupción de la sesión parlamentaria no está tipificada como delito en Chile.
"Esta interrupción que provocamos en la sesión de una comisión es algo que en Chile no constituye delito, sino que es un acto legítimo de protesta política como ha ocurrido en múltiples ocasiones dentro del Congreso Nacional donde incluso ha tenido que ser usada la fuerza pública para restablecer el orden. Aquí hay un intento de criminalizar un acto de protesta política", indicó.
