La mañana de este lunes, la Corte de Apelaciones de Santiago analiza la petición de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte para conocer los detalles de la investigación de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) contra el controlador de Soquimich (SQM), Julio Ponce Lerou y tres ejecutivos de la compañía en el llamado caso "Cascadas".
La Segunda Sala del tribunal revisará la controversia planteada por el Ministerio Público en contra de la SVS por negarse a entregar los detalles de la investigación que sigue por operaciones presuntamente "irregulares" para mantener la posición dominante de la mayor empresa del mundo en la minería no metálica.
El superintendente Fernando Coloma, en el informe enviado el jueves a la Corte, enfatiza que el decreto ley 3.538 obliga al servicio al "deber de reserva" que además tiene sanción penal, mientras que el Código Procesal Penal no enfatiza este concepto y hasta da la posibilidad de entregar información a quienes no son intervinientes.
Coloma, en su escrito de 11 páginas, apunta que aparte de respetar el principio de inocencia, los derechos de carácter económico y en general al amparo de la vida privada, la SVS también debe velar por la protección del mercado, en cuanto a evitar señales erróneas que causen mayores perjuicios que el hecho sancionado o, en este caso, en indagatoria.
El jefe regional de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, Andrés Montes, cree que "esa información debe ser entregada para que el Ministerio Público pueda seguir adelante con la investigación".
"Atendido a que la Superintendencia optó por no entregarla, pedimos hacer la petición directamente a la Corte de Apelaciones y ésta deberá resolver conforme a los antecedentes que han sido presentados que estimamos debiera ser a favor de lo que ha pedido la Fiscalía", agregó Montes.
La negativa "no es explicable"
Por su parte, el abogado querellante por un accionista minoritario de las sociedades cascada de Soquimich, Mauricio Daza, dijo que "no es explicable que la Superintendencia se escude en que no podría garantizarse la reserva de estos antecedentes para no entregárselos al Ministerio Público"
Daza apuntó que "estos antecedentes son conocidos profusamente por distintos medios de prensa, incluso se encuentran a acceso de todo el público en Internet", por lo que agregó que "esperamos que en definitiva la Corte corrija esta situación y obligue al superintendente a cumplir con la ley".
La decisión de la Corte debería conocerse este mismo lunes.