El Presidente Sebastián Piñera envió a la Comisión de Constitución del Senado los decretos con dos nombres para integrar a la Corte Suprema, los dos últimos cupos que puede proponer el Mandatario durante esta Administración, antes de dejar La Moneda en marzo próximo.
Se trata del juez de la Corte de Apelaciones de San Miguel Diego Simpértigue Limaren (64 años), para llenar el cupo interno que dejó Rosa María Maggi al cumplir 75, la edad límite para ejercer en el máximo tribunal, y quien fue tercero -con 11 votos- en la quina que elaboró la Suprema el 8 de noviembre; y la académica María Cristina Gajardo (58), para el cupo externo vacante y quien lideró la respectiva quina para ese puesto.
Según La Tercera, fuentes conocedoras de las negociaciones dijeron que la apuesta de Piñera fue incorporar a un miembro carrera del Poder Judicial con trayectoria progresista y a una abogada externa más ligada al mundo conservador, a fin de generar los equilibrios "políticos".
Con el visado del Ejecutivo, ahora ambos profesionales deben pasar el examen del Senado, donde sus nominaciones requieren quórum calificado de dos tercios para que puedan llegar a la Suprema.
QUIÉNES SON
Simpértigue Limaren, de origen aimara y oriundo de Arica, cursó su enseñanza media en el anexo del Liceo de Hombres Nº1 y luego estudió Derecho en la Universidad de Valparaíso.
Desde hace siete años ejerce como ministro en el tribunal de alzada de San Miguel y antes, desde 2002, lo fue en la respectiva Corte de Concepción.
Con cuarenta años de carrera en el Poder Judicial, ha trabajado en casi todos los escalafones. Inició su trayectoria como oficial cuarto del Tercer Juzgado Civil de Viña del Mar en 1983, y sirvió cargos en el Juzgado de Letras de Coquimbo, como relator de la Corte de Apelaciones de La Serena, juez del Primer Juzgado de Letras de La Serena y juez de Garantía de La Serena.
En tanto, Gajardo, quien postula a la vacante destinada a abogados de profesión que integran la Suprema sin haber ejercido antes como juez, es académica del Departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Facultad de Derecho Universidad de Chile.
También es experta en temas laborales, previsionales y tributarios, de hecho, fue asesora en esas materias en el Ministerio del Trabajo y Previsión Social para el primer Gobierno de Piñera, en 2010.
Desde 2018 es abogada integrante del máximo tribunal y antes hizo lo mismo en la Corte de Apelaciones de Santiago. De acuerdo con La Tercera, aunque es catalogada como conservadora en lo valórico, igualmente es valorada como "objetiva" al momento de razonar sobre el derecho y sus derivadas.
