Sergio Muñoz salió al paso de las críticas por la aplicación de bajas condenas ante hechos connotación pública.
Fiscal nacional Sabas Chahuán manifestó que una opción es limitar los beneficios a imputados.
El ministro Muñoz pidió enfrentar la baja penalidad de algunos delitos.
El presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, enfrentó las críticas y cuestionamientos que han recibido los jueces debido a la aplicación de bajas penas y castigos mínimos para situaciones de alto impacto público.
Entre estas se puede destacar la sentencia sin privación de libertad al hijo del senador Carlos Larraín, Martín Larraín, cuya condena se conocerá este jueves, como así también el caso de ADN pediátrico, donde se atentó contra la salud pública y nadie recibió pena de cárcel.
En la actualidad las sanciones para el cuasidelito de homicidio tienen penas efectivas de cárcel según el código penal chileno, que data de 1874, sólo en situaciones excepcionales y cuando hay antecedentes previos de los implicados, pero no respecto de los hechos condenados.
El presidente del máximo tribunal pidió a los legisladores revisar la totalidad de la norma y calificó el tema como un clamor por la necesidad de cambios.
"Venimos hablando de lo que se refiere a la penalidad que no sea un electroencefalograma y que en definitiva lo que se opte sea por revisar un sistema integral de las penas en Chile, no podemos estar legislando como reacción a casos específicos, este es un clamor que viene sosteniendo la ciudadanía desde hace bastante tiempo", dijo Sergio Muñoz.
"Esta es una preocupación que debe recoger el legislador y de solucionar definitivamente la intensidad de las distintas penas, para que refleje lo que puede ser el discurso político del Estado hoy", añadió el magistrado.
"Ley Emilia"
En cuanto a la "ley Emilia", que busca establecer penas de cárcel a conductores ebrios, la Cámara de Diputados aprobó el pasado martes la nueva normativa por 99 votos a favor, aunque aún debe ser analizada en el Senado para su total despacho.
El citado proyecto impone penas de cárcel entre tres años y un día y 10 años a quien mate a una persona o le provoque lesiones graves o gravísimas conduciendo en estado de ebriedad, además de la prohibición perpetua de manejar vehículos de tracción mecánica.
A su turno, el fiscal nacional Sabas Chahuán se sumó a la postura del presidente de la Corte Suprema y agregó que en el caso del cuasidelito de homicidio deberían limitarse los beneficios a los imputados.
"El cuasidelito de homicidio tiene una penalidad baja porque se configura una culpa, no un dolo específico de cometer el delito. Cuando hay cuasidelito de homicidio en un caso reiterado sería importante que se elevaran las penas, o hacerlas más efectivas, restringir los beneficios tal vez", afirmó.
La respuesta a estos emplazamientos llegó por medio del ministro de Justicia, José Antonio Gómez, quien destacó la intención del Gobierno de aplicar cambios a la ley, por lo mismo la urgencia en la "ley Emilia", en este caso, en las muertes provocadas por conductores ebrios.
"En la 'ley Emilia' se señala que de partida la persona que comete un delito de manejo en estado de ebriedad con muerte, o lesiones graves gravísimas, va a estar preso por lo menos un año y va a tener agravantes que lo pueden llevar a cumplir una pena de cinco años y un día, hasta 10 años. En este caso hay una reacción muy anticipada de la Presidenta para evitar la impunidad en delitos tan graves como estos", dijo
Se espera que la ley Emilia sea norma antes de fines de julio.
