Presuntos pagos irregulares suman 782 millones de pesos.
Indagatoria "tiene por objeto dilucidar si los hechos denunciados revisten los caracteres de delitos", explicó el fiscal jefe de Iquique, Eduardo Ríos.
En medio de los nuevos antecedentes que día a día surgen sobre el "caso convenios", como se conoce a la ola de escándalo de presuntas irregularidades en el traspaso de fondos públicos desde órganos estatales a fundaciones y corporaciones, el Ministerio Público anunció este viernes que abrió una nueva investigación en el norte del país.
Según detalló el fiscal jefe de Iquique, Eduardo Ríos, esta vez se inició una indagatoria de oficio por la entrega de recursos por parte de la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda y Urbanismo de la Región de Tarapacá a la fundación Enlace Urbano, vía trato directo.
Se trata de la primera arista del "caso convenios" en Tarapacá.
"El día de hoy la Fiscalía de Tarapacá ha resuelto iniciar de oficio una investigación relacionada con los montos de dinero recepcionados por la Fundación Enlace Urbano en Tarapacá y que alcanza la suma aproximada de 782 millones de pesos", informó Ríos, especializado en delitos económicos.
"Una vez conocidos los antecedentes a través de las redes sociales, se dispuso el comienzo de esta investigación que tiene por objeto dilucidar si los hechos denunciados revisten los caracteres de delitos", agregó el persecutor.
AHORA EN TARAPACÁ🔴 Fiscal Ríos confirma que iniciaron investigación por el traspaso
— Hans Gotterbarm (@hansgotterbarm) August 4, 2023
de $782 millones desde el Minvu a la Fundación Enlace Urbano: indagatoria busca detectar irregularidades en el traspaso de los fondos @Cooperativa #CooperativaRegiones #Iquique pic.twitter.com/JnfvmhgWOa
En paralelo, los diputados Renzo Trisotti (UDI) y Danisa Astudillo (PS) solicitaron y oficiaron a la Contraloría General de la República para que pueda también indagar respecto a este caso y determinar si existieron o no responsabilidades o irregularidades en estos traspasos.
La Fiscalía Nacional informó ayer que 32 fundaciones estaban siendo investigadas por supuestamente haber recibido subvenciones públicas irregulares en el "caso convenios".
El escándalo estalló en junio en la Región de Antofagasta, cuando se desvelaron supuestas irregularidades en millonarios convenios suscritos entre la Seremi de Vivienda y la fundación Democracia Viva, vinculada a militantes de Revolución Democrática, uno de los partidos de la coalición oficialista y que fue fundado por el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson.
La trama ha ido salpicando a distintas autoridades y hasta la fecha ya han renunciado cuatro altos cargos, ellas las exsubsecretarias de Vivienda y Cultura, Tatiana Rojas y Andrea Gutiérrez, respectivamente.
"En esto no podemos tener medias tintas, y es totalmente irrelevante si son o no cercanos a alguien. El sentido de la función pública es servir al pueblo y al bien común, no servirse de él. Por eso el Estado debe mejorar sus estándares pensando en cómo llegar mejor a las personas", dijo el Presidente Gabriel Boric el martes en un mensaje en la red social X, conocida anteriormente como Twitter.
El Mandatario definió el caso de Democracia Viva como "actos de corrupción".
La oposición lleva semanas pidiendo la renuncia de Jackson y ha subido el tono de sus críticas en los últimos días, sobre todo la Unión Demócrata Independiente (UDI), que ha condicionado su diálogo con el Ejecutivo en distintas materias, como la reforma tributaria y de las pensiones, a la salida del ministro.
