El organismo les imputa el delito de fraude al Fisco por el convenio de la fundación En Ti.
En la acción no se incluye al gobernador regional, Rodrigo Díaz.
El Consejo de Defensa del Estado interpuso una querella criminal contra los funcionarios públicos del Gobierno Regional del Biobío Simón Acuña y Tamara Vidal, además de los particulares Camila Polizzi, Sebastián Polanco y Matías Godoy, como autores del delito de fraude al Fisco.
El libelo también apunta contra todos quienes resulten culpables como autores, cómplices o encubridores en la comisión del delito señalado o de cualquier otro que resulte acreditado durante el curso de la investigación, que desarrolla el Ministerio Público, por los hechos relacionados con el convenio suscrito entre el GORE y la Fundación En Ti.
La acción del Consejo, que no incluye al gobernador regional Rodrigo Díaz, presentada ante el Juzgado de Garantía de Concepción, se funda en los antecedentes contenidos en la carpeta investigativa y que dan cuenta de una serie de acciones ejecutadas de manera concertada, por los funcionarios públicos y los particulares, para defraudar el patrimonio del GORE a través de la obtención de recursos para el desarrollo del programa "Capacitación ciudadana para familias de Barrio Norte", el que sería ejecutado por la Fundación En Ti, pese a conocer que dicha fundación no cumplía con las exigencias establecidas ni contaba con competencias en el área, causando con ello un perjuicio al erario Fiscal aún no determinado con exactitud, pero no inferior a 66 millones de pesos.
De acuerdo con los hechos expuestos por el organismo, "en mayo de 2022, Camila Polizzi presentó un proyecto en el GORE Biobío, que habría desarrollado junto a Polanco, con el objetivo de postular al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), bajo el amparo de una fundación creada por Polizzi Fonseca, llamada Conce Solidario, pero esta no cumplía con la antigüedad requerida, pues su vigencia era de un año, no alcanzando los dos años exigidos para poder postular".
"Por ello Polizzi habría buscado otra fundación, con la antigüedad necesaria, tomando contacto con Gerardo Silva Silva, presidente y fundador de la Fundación En Ti, obteniendo de él un mandato amplio de administración de bienes, en que le otorgaría a ella la facultad de administrar", añade el CDE.
A través de esta fundación, y según recomendación de los propios funcionarios públicos del GORE, Polizzi y Polanco postularon esta vez al Fondo de Desarrollo Regional con el programa denominado "Capacitación ciudadana para familias de Barrio Norte", el que sería ejecutado por la Fundación En Ti y que consistiría en una capacitación ciudadana para la prevención de la seguridad situacional que se vive en espacios públicos en el sector de Barrio Norte de la comuna de Concepción, y cuyo costo total de inversión sería de 250.635.000 pesos.
Durante la postulación y según consta en los antecedentes revisados por el Consejo, el proyecto contó con un Formulario de Pertinencia y Priorización de Iniciativa de Inversión, suscrito por Simón Acuña, jefe del Departamento de Desarrollo Social y Humano, en el que se indica que la iniciativa "es pertinente con los objetivos de la unidad informante y se solicita que se le dé prioridad en la revisión, pues la califica como "urgente".
En dicho formulario, además, Acuña se autodesignó como contraparte técnica para el seguimiento de la iniciativa, sugiriendo personalmente a Polizzi que debía conseguir una OTEC para su desarrollo lo que de acuerdo a lo señalado en la querella del Consejo, "permite presumir que tenía el cabal conocimiento de que la fundación postulada no cumplía con las exigencias, esto es, que tuviera competencias en el área de la "capacitación", pero igualmente estimó pertinente la postulación de la fundación y le dio urgencia a la iniciativa para su aprobación".
Por ello, tras la firma del convenio entre el GORE Biobío y la fundación, en diciembre de 2022, Polizzi y Polanco buscaron una OTEC para concretar la labor a realizar, concertándose con Matías Godoy para adquirir los derechos de la OTEC Sociedad Frumisal Ltda., con lo que tercerizó la ejecución del programa.
En cuanto a la funcionaria Tamara Vidal, se establece que fue nombrada como contraparte técnica del GORE Biobío "para efectos de control y seguimiento de la ejecución del programa. Sin embargo, de acuerdo a la querella del CDE, la funcionaria "no realizó la fiscalización que estaba llamada a cumplir para evitar la defraudación de los recursos fiscales, aun cuando estas irregularidades eran evidentes, y podía determinarse de la simple lectura de las rendiciones, que las actividades de capacitación no se estaban ejecutando".
Tras conocer estos antecedentes, Vidal dijo a Cooperativa: "Hace poco más de un mes me preguntaron en los medios de comunicación si efectivamente yo era el hilo más delgado en estos hechos y yo creo que aquí tienen la respuesta".
"Es tragicómico, para ser honesta, que se me atribuya responsabilidad argumentando que yo no realicé mi labor fiscalizadora y que pude, más encima, haber evitado irregularidades con una simple lectura de las rendiciones. Yo quiero recordarles a los organismos que investigan estos hechos que fui contraparte técnica de Fundación en Ti y que nunca fui contraparte financiera. Jamás una boleta, una factura o un compromiso de pago pasó por mis manos. Yo no podía haber visto y nunca pude haber evitado una irregularidad en materia financiera", aseguró.
La acción penal del CDE fue valorada por consejeros regionales que han denunciado conveios irregulares en la región.
"Esperamos que se establezcan las responsabilidades administrativas y también judiciales con respecto a estas acusaciones de eventuales delitos", dijo Camila Arriagada (Igualdad).
Su correligionario Javier Sandoval consideró "muy valioso que este otro organismo público también tome cartas en el asunto, nosotros estuvimos presentando ante el CDE la solicitud de que se retuvieran y gestionara la devolución de los fondos de cinco proyectos a lo menos sobre 1.000 millones de pesos".
El RN Gabriel Torres apuntó que esperan que la querella próxiamente "se amplíe a muchas más personas que creemos que también están involucradas", lo que estima "va a ser producto de estas investigaciones que se comienzan a realizar, que van a dar que más adelante que haya otras personas y se llegue al meollo del asunto".
Desde el Congreso Nacional, el diputado Eric Aedo (DC) acusó que "es evidente que muchos de estos dineros simplemente se utilizaron con fines políticos, con el afán de armar partidos regionales y de prepararse para las próximas elecciones municipales, de gobernadores regionales y parlamentarias; esta querella va a hacer que quienes han sido querellados hablen ante la justicia y sepamos toda la verdad de lo que ha sucedido en la región".
El gobernador Rodrigo Díaz, que figura como imputado, testigo o denunciante en varias causas, apeló a motivos personales para no referirse a la querella del CDE.
