"La Presidencia tiene un estatus jurídico distinto", afirmó este lunes el ministro de Justicia, Luis Cordero, al abordar las declaraciones del contralor general de la República, Jorge Bermúdez, sobre la negativa del jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi, a asistir a la comisión investigadora del caso convenios en la Cámara de Diputadas y Diputados, pese a ser citado en dos oportunidades.
La situación fue analizada esta mañana por Bermúdez, quien afirmó que Crispi sí debe comparecer ante la instancia legislativa, dado que, ante la justificación que ha planteado el Gobierno -que el militante RD no sería funcionario público-, Contraloría estima que "uno tiene que atender a la función más que a la denominación" y que no es tan relevante la denominación de la forma contractual, porque de ser así, "sería muy fácil eludir las formas de control".
"Cualquier persona, en un estado democrático, que está en una posición de poder, tiene el deber de rendir cuentas. Uno de esos mecanismos de control en un estado democrático es una comisión especial investigadora. Evidentemente que uno tiene que tener como mínimo una deferencia respecto de esa entidad", comentó el contralor en su exposición ante la comisión.
Sobre ello, Cordero aseguró durante esta tarde en La Moneda que "la discusión de la situación de este caso en concreto es si la Presidencia de la República y quienes prestan servicios en ellas, por la naturaleza de los servicios que prestan, están obligados a comparecer a una comisión investigadora y entregar información de los asuntos en los cuales tienen conocimiento en el desarrollo de su función. En opinión del Ejecutivo, existen suficientes argumentos para sostener -porque así lo ha deliberado el Congreso- que la Presidencia de la República tiene un estatuto jurídico distinto".
"El contralor ha anunciado que se le va a requerir informe al señor Miguel Crispi. Él deberá responder, pero adicionalmente es necesario tener presente que lo que se dictamine en este caso no solo tendrá un efecto para el actual régimen de la asesoría presidencial, sino para cualquier Presidencia que suscite en el futuro", agregó el secretario de Estado.
En definitiva, "el Ejecutivo considera que esa citación es la correcta, y sobre esas actividades le corresponde a Miguel Crispi declarar, porque desempeñó un cargo como subsecretario. La discusión en este punto es una cuestión institucional sobre la posición de la Presidencia de la República, porque la ley protege el privilegio deliberativo de la Presidencia".
"O sea, esto dejó de ser un asunto que afecta o no a Miguel Crispi, y por eso, dado que los diputados han requerido la intervención de Contraloría, tengamos claro que el criterio que se defina constituye un precedente general y obligatorio que va a comprometer a administraciones futuras", remató Cordero.
La semana pasada se informó que además de Crispi, la Fiscalía de Antofagasta habría resuelto citar a declarar en calidad de imputados al exministro de Desarrollo Social Giorgio Jackson y a la directora de Presupuestos, Javiera Martínez -todos militantes de RD- en el marco del caso convenios, que indaga presuntos delitos de fraude al fisco y tráfico de influencias, entre otros.
