Un nuevo capítulo de versiones contradictorias suma el caso Democracia Viva, luego de que Carlos Contreras, quien como seremi de Vivienda suscribió los tres convenios por 426 millones de pesos con la fundación, afirmara en una nueva declaración que La Moneda había recibido un informe al respecto el día 7 de junio, una semana antes de que estallara públicamente el escándalo que hoy es objeto de una investigación por varios delitos de corrupción.
Ante los trascendidos de una eventual formalización a él y Daniel Andrade, representante legal de la ONG, Contreras, quien se vio obligado a renunciar al cargo en junio y luego fue expulsado de Revolución Democrática, emitió este jueves un comunicado recalcando que tiene la "más clara certeza" de que su declaración "esclarecerá y disipará dudas que se han instalado debido a la omisión de antecedentes claves".
"Quiero que la ciudadanía y Ministerio Público sepan que siempre he dicho la verdad, que he actuado correctamente y que cuando declare ante la Fiscalía, aportaré con información valiosa para el proceso", sostiene.
Asimismo, asegura, "respecto a hechos nebulosos, de acuerdo con mi conocimiento, el día 7 de junio del presente año, Presidencia recibió un informe que confirma un convenio entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la Fundación Democracia Viva; en él se menciona que no existían irregularidades en lo legal y reglamentario".
Contreras no mencionó el nombre del funcionario al que habría llegado el documento.
"Digo esto para evidenciar que siempre se actuó con transparencia y seriedad; el informe contaba con información recopilada y analizada durante semanas, por lo que el tema nunca se ha tratado de un 'rumor', como dijo en su minuto el jefe del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi", subraya.
CRISPI REAFIRMA SU VERSIÓN SOBRE RUMOR: "NO RECIBIÓ UN INFORME"
Contreras aludió a la declaración que prestó Crispi, también militante de RD, a inicios de noviembre ante la comisión investigadora por el caso convenios en la Cámara de Diputadas y Diputados, donde contó que ese 7 de junio había tomado conocimiento de un "rumor", antes que de que llegara a oídos del Presidente Gabriel Boric y del que "no hay un documento escrito ni un Whatsapp".
Pero en aquel entonces, aclaró que su "ponderación fue que este rumor fuera derivado a la Subsecretaría de Vivienda", que era liderada por su correligionaria Tatiana Rojas, quien tiempo después de estallado el escándalo fue removida del cargo.
Versión que reafirmó, mediante su abogado Guillermo Chahuán, tras conocerse la nueva declaración de Contreras.
La defensa de Crispi remarcó que éste en la comisión investigadora "respondió durante más de tres horas a las preguntas de las y los honorables parlamentarios" y que "su presentación se ajusta plenamente a los hechos: no recibió el informe señalado".
"A su vez, como lo ha manifestado públicamente, mi representado se encuentra a disposición para ser entrevistado por el Fiscal a cargo de la causa en cuanto éste así lo disponga", concluyó Chahuán.
Tras la revelación del caso, RD expulsó a Andrade y Contreras, mientras que a la diputada Catalina Pérez -quien era pareja del primero- le suspendió su participación. La exsubsecretaria Rojas, en tanto, sigue militando, al igual que Crispi.
"MANOTAZOS DE AHOGADO"
La diputada Yovana Ahumada, que representa a Antofagasta y fue la primera denunciante del caso, opinó que, debido a que "se aproxima la formalización, el exseremi está dando manotazos de ahogado para verse menos culpable, incluso involucrando ahora a la Presidencia".
"Se necesita conocer la verdad de una vez por todas, caiga quien caiga", sentenció.,
