El exseremi de Vivienda de Antofagasta Carlos Contreras, quien en el ejercicio del cargo suscribió los tres convenios por 426 millones de pesos con Democracia Viva, arremetió nuevamente y esta vez solicitó al Ministerio Público una fecha para declarar en el marco de la investigación por delitos de corrupción.
Su defensor, el abogado Andrés Bustos, pidió al fiscal antofagastino Cristián Aguilar que fije día y hora para la comparecencia de la exautoridad, quien se vio obligado a renunciar a la Seremi en junio tras el estallido del escándalo y luego fue expulsado de Revolución Democrática.
"Se solicitó a la Fiscalía la oportunidad para que él pueda declarar y estamos esperando que nos dé una fecha, para que, en el contexto de la declaración, se refiera sobre los hechos que se le imputan y, a su vez, sobre cuándo se tuvo conocimiento de los convenios por parte del Ejecutivo. En relación con eso, se van a acompañar antecedentes que fortalecen y prueban lo que él declarará", dijo el jurista, según publica La Tercera.
La versión de Contreras señala que Presidencia de la República recibió un informe sobre los convenios el 7 de junio, una semana antes de que se revelara públicamente el caso, que abrió la caja de pandora sobre las transferencias de platas públicas a fundaciones. Aquello contradice a Miguel Crispi (RD), jefe de asesores de La Moneda, quien a inicios de noviembre ante la comisión investigadora poren la Cámara de Diputadas y Diputados contó que en esa fecha había tomado conocimiento de un "rumor", antes que de que llegara a oídos del Presidente Gabriel Boric y del que "no hay un documento escrito ni un Whatsapp".
El exseremi sostiene que ese día la Subsecretaría de Vivienda -entonces liderada por la RD Tatiana Rojas- envió un completo informe al Segundo Piso de Palacio sobre la ejecución de recursos vinculados al Departamento de Asentamientos Precarios y a fundaciones.
En su eventual declaración, de acuerdo con el matutino, Contreras detallará las comunicaciones que mantuvo desde que con autoridades del Gobierno central, luego de que funcionarios del Minvu fueran alertados de posibles irregularidades. Conocedores de su estrategia judicial dicen que, entre el 2 de mayo y el 7 de junio de este año, el entonces seremi envió una serie de antecedentes a petición de la Subsecretaría.
Esa información, según el exsecretario regional del Minvu, sirvió de insumo tanto para el bullado informe que elaboró Ricardo Trincado, recién removido jefe de Asentamientos Precarios, como para el que presuntamente envió la Subsecretaría a Presidencia.
El abogado de Contreras enfatizó que la petición de declarar pronto "se da en el marco de su colaboración, quien aparte de esto, también accedió al alzamiento de su secreto bancario sin tiempo limitado".
DENUNCIA "APUROS" DE FAMILIAR DE CRISPI
Cuando comparezca ante el fiscal, el exseremi también señalará supuestas presiones que recibió su repartición por parte de Verónica Serrano, exjefa de Asentamientos Precarios y tía de Crispi, quien presuntamente apuró para que sellaran tratos y también habría visado la contratación de personal con cargo a los mismos convenios.
Esta arista está contenida en la carpeta investigativa, puesto que el Ministerio Público ya incautó una serie de correos de la exfuncionaria sobre el asunto.
En un mensaje enviado por Serrano a Contreras, con fecha 20 de septiembre del 2022, manifestó: "Estimado Carlos, te escribo en relación a la gestión de convenios y a la conversación que tuvimos días atrás, respecto a la urgencia para su firma, reiterándote que tu región tiene un importante monto asociado a convenios que tenemos que apurar para asegurar la ejecución presupuestaria".
Contreras igualmente entregaría detalles sobre las insituciones que, junto con la Seremi que encabezaba, validaron técnicamente los convenios, apuntando directamente a representantes del Servicio de Vivienva y Urbanización de Antofagasta, ya que -ha sostenido anteriormente- sin el visado de los jefes regional y nacional de Asentamientos Precarios ni la firma de la Dirección del Serviu, "no podrían realizarse" los contratos.
Además de todo ello, el exseremi evalúa acusar que estaría siendo víctima de persecución política, tesis que argumentaría basándose en los argumentos expuestos por el Juzgado Civil de Antofagasta, que en noviembre acogió solo parcialmente una demanda del Consejo de Defensa del Estado contra Democracia Viva.
