Esta nueva indagatoria se tramita bajo reserva y se espera el despacho de requerimientos de información y nuevas citaciones a exdirectivos y funcionarios municipales.
Entre ellas, estaría la identificación de las empresas a cargo de las encuestas que mencionó el exjefe comunal.
La Fiscalía decidió abrir una nueva arista, que se tramita bajo reserva, en la investigación contra el exalcalde de Vitacura Raúl Torrealba y sus excolaboradores en el municipio, y se alistan las primeras diligencias.
Esta semana el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago acogió la solicitud de modificación de medidas cautelares del exjefe comunal, decretando arresto domiciliario total y arraigo nacional.
Torrealba está imputado por delitos reiterados de fraude al fisco y por asociación ilícita, en el marco de una investigación de más de dos años para determinar si malversó caudales públicos mientras ocupó su cargo.
La exautoridad entregó una declaración en la reconoció que el dinero de los programas Vita fue usado para, "entre algunas otras cosas, pagar unas encuestas de comportamiento de la municipalidad y cosas por el estilo". De hecho, se usaron fondos para "sondear la percepción política no solo de los candidatos del sector político al que pertenezco, sino también de los demás", dijo.
Además, sostuvo que estas encuestas fueron "coordinadas por Renato Sepúlveda y el equipo de Decom (Dirección de Desarrollo Comunitario) que con él trabajaba. No puedo afirmar en cuántas ocasiones ni con qué empresas se efectuaron las encuestas".
Por todo lo anterior, la Fiscalía decidió abrir una nueva arista en la investigación y se espera el despacho de requerimientos de información y nuevas citaciones a exdirectivos y funcionarios municipales, según consignó El Mercurio.
Entre ellas, estaría la identificación de las empresas a cargo de las encuestas que mencionó Torrealba, para después determinar quiénes pudieron ser beneficiados con estos servicios.
A la fecha, hay incorporadas a la causa matriz declaraciones de imputados que dieron las primeras pistas sobre una eventual arista política, pero no se había podido avanzar en ella, ya que no existían más antecedentes.
Domingo Prieto, imputado y exencargado de los programas Vita, declaró en noviembre de 2021 que "si hay dineros provenientes de las organizaciones Vita y que hayan sido destinados a campañas políticas, tengo que mencionar que sí los hubo", señalando al exdiputado y sobrino del alcalde, Sebastián Torrealba.
Sobre los posibles delitos que podrían configurarse, el abogado Juan Carlos Manríquez apuntó a los de administración desleal, apropiación indebida o fraude, dependendiendo de la fecha en que presuntamente fueron cometidos.
"Si alguien se ha prestado, ha facilitado o ha permitido extraer dinero de esas corporaciones para fines ajenos a ellas, encubiertos con falsas facturas, con eventuales falsos informes, con eventuales falsos cometidos, y quien está a cargo de esos dineros tolera o permite que eso ocurra, eso puede llegar a configurar un delito de administración desleal cuya víctima es la corporación, si ocurre desde el 1 de enero de 2019 en adelante, fecha en la cual se crea este delito; o bien antes una apropiación indebida o un fraude, sin perjuicio de que pudiera haber una boleta ideológicamente falsa o un eventual delito de falsificación documental", expuso el penalista.
Algunos alcaldes han dicho que las Corporaciones Municipales permiten "hacer la pega rápido y bien". La verdad parece ser otra: las corporaciones permiten saltarse los controles para prevenir corrupción en gasto municipal.https://t.co/e3SRQQVxMj
— Juan José Lyon (@jjlyonn) February 14, 2024
El director ejecutivo de la fundación América Transparente, Juan José Lyon, "las entidades Vita fueron creadas bajo la figura legal de una organización comunitaria vecinal, es decir, legalmente son igual que un centro madre, un club de fútbol vecinal, el club de huaso; al igual que una junta de vecinos, no pueden ser escrutadas por la Contraloría o por el Concejo porque es una entidad privada".
"Las entidades Vita, si bien se llaman Vita Deporte y las financian el municipio y tienen el logo y trabajan para el municipio, legalmente son una junta de vecinos o una organización comunitaria, entonces no pueden ser fiscalizadas por el organismo de control ni por la Contraloría, y básicamente por nadie. Y por eso hasta que no entró la Justicia, la Fiscalía, a abrir esos antecedentes, no se podía investigar", concluyó.
