Se trata de dos tratos directos con la fundación Arquiduc, la cual se adjudicó contratos por 56 millones y 65 millones de pesos en 2021.
La indagatoria se da en el marco de la colaboración del Ministerio Público con la Contraloría tras el estallido del caso Convenios.
Este jueves por la noche, la Fiscalía Regional de O'Higgins anunció que abrió una investigación de oficio para esclarecer la legalidad de convenios suscritos por fundaciones con organismos del Estado en la zona, la que estará radicada en la Fiscalía de Alta Complejidad.
A través de un escueto comunicado, el ente persecutor con sede en Rancagua señaló que la indagatoria comenzó "en virtud de diversos antecedentes recibidos recientemente en el contexto de las indagatorias que guardan relación con convenios suscritos por fundaciones con organismos del Estado y que pueden revertir carácter de delitos de corrupción".
"Para salvaguardar el éxito de la investigación, de momento no se darán a conocer nombres de personas e instituciones que puedan estar presuntamente involucradas", añadió la Fiscalía.
Agrega que esta causa se da en el marco de la "labor colaborativa con la Contraloría General de la República", que se encuentra revisando todos los convenios suscritos desde 2021 en adelante, tras el estallido del caso Convenios en Antofagasta.
Fiscalía O’Higgins informa… pic.twitter.com/XtfxgA3Rzz
— Fiscalía O'Higgins (@fiscaliaohiggin) July 7, 2023
Según informó Tele13 Radio, la causa abierta en O'Higgins indaga dos convenios suscritos entre el Servicio Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda y la fundación Arquiduc, la cual se adjudicó subvenciones -por trato directo- por 56 y 65 millones de pesos en 2021, durante el segundo Gobierno de Sebastián Piñera (2018-2022).
La ONG, presidida por Carlos Acuña Arévalo, militante de Renovación Nacional, dice en su sitio web que se dedica principalmente a temas de educación; sin embargo, según el mentado medio, los convenios se firmaron para realizar diversos trabajos en las comunas de Mostazal, Machalí, Rancagua, San Fernando y Peralillo.
Puntualmente, el segundo convenio se firmó para la instalación de luminarias integradas, pero en 2021 la institución no tenía ninguna expertiz en el tema, pues en aquel tiempo la organización decía ofrecer servicios de capacitación y actividades de apoyo a empresas, pero nada relacionado con construcción o instalación de equipos, indicó el medio.
Los convenios fueron firmados por el entonces director del Serviu Manuel Alfaro, militante de Evópoli, conforme a una figura de delegación de facultades para hacer este tipo de convenios firmada por el -en ese momento- ministro de Vivienda, Felipe Ward, en una resolución exenta.
Desde RN, el diputado Diego Schalper reaccionó y dijo que "la corrupción no tiene color político y, por lo tanto, caiga quien caiga. Si aquí cualquier mecanismo se ha empleado, sea cual sea el momento y el lugar, no tiene justificación y, por lo tanto, hay que investigar hasta las últimas consecuencias y caiga quien caiga".
